Este tema había estado en varias ocasiones en los medios de comunicación en los últimos años, luego de permanecer bien guardaditos o desechados todas las solicitudes realizadas al Congreso del Estado de San Luis Potosí.
El juicio político tiene la finalidad de asegurar que en el desarrollo de sus funciones ciertos servidores públicos de alta jerarquía se apeguen al orden jurídico que los rige creando un procedimiento que permita remover, e incluso inhabilitar, a cualquiera de aquellos servidores públicos que no cumplan debidamente su encargo, a través de un mecanismo que garantice que sean los propios diputados, escuchando en defensa al interesado, quienes apliquen o no las consecuencias de este procedimiento.
En septiembre del 2019, la síndico Alicia Nayelli Vázquez Martínez, en compañía del secretario general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Sebastián Pérez, anunció que estaba realizando la solicitud de un juicio político contra el ex alcalde de San Luis Potosí y el ex tesorero , por el daño a la ciudadanía consecuencia de los desvíos públicos que se suscitaron durante la administración pasada. Pasó un año y finalmente no sucedió nada con este juicio político.
Luego las cosas cambiaron y en marzo del 2020, comuneros de San Juan de Guadalupe presentaron una solicitud de Juicio Político contra el Presidente Municipal de San Luis Potosí Xavier Nava Palacios, por el supuesto despojo de sus tierras, ya que entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento se planeó colocar un puente vehicular sobre el boulevard Antonio Rocha Cordero.
El problema de fondo es jurídico y este se tendrá que resolver en el Juzgado octavo de distrito. El Congreso del Estado con la votación de veintiséis legisladores inhabilitó a varios ex integrantes del cabido entre los destacan dieciocho años para Xavier Nava, con el argumento de desacatar la orden de un juez y seguir con la construcción del mencionado puente.
Lo que se avecina será de pronóstico reservado, ya que, si al final el Juzgado resuelve a favor de los comuneros, la inhabilitación contra Nava será una estocada brutal, pero si la resolución es a la inversa, se sabrá si el Congreso se extralimitó en sus funciones y entonces todo se les puede voltear.
Por un lado, se acusa y se señala que Xavier Nava y compañía fueron sometidos y declarados culpables por el Congreso por no suspender una obra y por su parte Nava acusa que es una artimaña política usada por sus rivales.
Cualquiera que sea este desenlace, será de un impacto gigantesco tanto jurídico, social y político.
