San Luis Potosí, SLP. - Las denuncias interpuestas por la actual administración estatal y las correspondientes al municipio de la capital en contra de sus antecesores, tienen avances y se continúan integrando para su pronta determinación, precisó este primero de diciembre el Fiscal encargado de despacho, José Luis Ruiz Contreras.
Señaló que, respecto al ayuntamiento, hay una carpeta de investigación por personas que cobraban de la nómina sin presentarse a laborar; y que hay otra indagatoria en el ámbito estatal contra los Servicios de Salud por la compra de medicamentos apócrifos y con precios elevados, que además no fueron licitados.
Apuntó que en esas denuncias se investiga la probable participación de personal administrativo e incluso titulares que podrían enfrentar una responsabilidad penal, por lo que la Fiscalía lleva a cabo las líneas de investigación para descartar o confirmar lo que se les señala.
"Tenemos información y las denuncias van muy avanzadas para que en su momento se tome una determinación", indicó el también Vicefiscal Jurídico.
En cuanto a la denuncia municipal, dijo que esta tiene tres vertientes: la contratación de personal que no acudía a realizar una función, pero le pagaban; el robo de identidad de algunas personas que supuestamente cobraban como si estuvieran contratadas; y una tercera, en donde se contrató gente inhabilitada con sueldos muy elevados.
"Esta denuncia se presentó el 19 de noviembre y ya se han girado los oficios a la Dirección de Métodos de Investigación para la identificación e individualización de quienes se indica en la misma, entre ellos diez prestadores de servicios y de esa forma ver qué funcionarios estaban involucrados", explicó.
Dijo que el mayor flujo de contratación en el ayuntamiento capitalino se dio durante los meses de enero a septiembre del presente año: "Ya para despedirse de la administración comenzaron a contratar a diestra y siniestra, de acuerdo a lo señalado en el escrito de denuncia".
Indicó que los alcances de sanción para este asunto, derivado de que puede haber diversas conductas, se podría justificar una medida de prisión preventiva para aquellos funcionarios que resulten responsables.
En ese mismo sentido, señaló que las eventuales responsabilidades penales podrían corresponder a las áreas de recursos humanos, finanzas, tesorero, y al propio ex acalde, si es que tuvo conocimiento de ello y no lo denunció, o si estuvo encubriendo.
Ruiz Contreras comentó que en caso de que se genere algún riesgo durante los procesos, la Fiscalía podría solicitar la citada medida de prisión preventiva para quienes resulten responsables de los hechos que se imputan en ambos casos.
“Ya en cuanto a la aplicación de la pena, será en su momento determinar cuál es la expectativa de acuerdo al tipo penal que se les impute”, finalizó.
local
.gif)
