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El agua, problema grave

Gregorio Marín Rodríguez | 03/11/2021 | 18:12

A dos ex gobernadores, cuando me pidieron consejo, les recomendé que no hicieran compromiso de resolver el problema del agua, por la simple razón de que no tiene solución; y todavía no existía El Realito ni el contrato leonino que involucra a los municipios conurbados.
 
El primer contrato, impuesto cuando Vicente Fox era el presidente de México, obligaba a los Ayuntamientos de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, a pagar una cuota mensual de diez millones de pesos a cambio del suministro de agua del río El Realito, perteneciente al estado de Guanajuto. Siguiendo nuestra costumbre de decir la verdad con apego a la libertad de expresión, ya habíamos comentado que los gobiernos panistas eran más codiciosos que los otros.
 
En su momento, mencionamos a los dueños de la empresa El Realito, entre quienes figuraban influyentes panistas, incluido uno que había sido gobernador de Chihuahua y otro conocido como “El rey del ajo”.
 
Es el caso que desde sus inicios eran notorias las deficiencias de la empresa del Bajío, por lo que en una ocasión preguntamos al secretario general del Ayuntamiento el por qué habían firmado un contrato tan ventajoso para los vendedores de agua de un río: “¡Es orden de México!”, me contestó tajante el funcionario.
 
 
LAS RAÍCES DEL ASUNTO
 
Cuando nos iniciábamos en el oficio de informar existía un organismo operador del agua cuyo responsable era el ingeniero Patricio Fitzmaurice y las oficinas estaban en la planta baja de los Portales Ipiña. El abastecimiento de agua potable para los habitantes de esta ciudad provenía de la presa de San José, construida en tiempos del gobernador Carlos Diez Gutiérrez y pasaba por una planta potabilizadora conocida como Los Filtros.
 
Ya como reportero supe que había además alrededor de 30 pozos, en su mayoría de aguas freáticas.
 
En sus inicios, la presa de San José tenía un embalse de diez millones de metros cúbicos, pero las abundantes lluvias de temporada arrastraban demasiada tierra de las vertientes de la
 
Sierra de San Luis y el vaso de la presa acumulaba el azolve, lo que hizo necesario perforar nuevos pozos, pero las necesidades de la población y su crecimiento eran tan rápidos que las perforaciones crecían y, a principios de los años 50 el gobierno federal decretó una veda que nunca se cumplió.
 
 
SOBREEXPLOTACIÓN E INEPTITUD
 
El número de los “alrededor de 30” pozos que conocimos cuando nos iniciamos en el periodismo ha crecido a tal punto que ahora suman más de 116.
 
Vivimos una interesante experiencia cuando el ingeniero Ricardo Garza era director de Siapas, el organismo operador y nos invitó a colaborar. Uno de los primeros consejos que nos permitimos sugerir fue: “No engordes la nómina”. El organismo contaba con un centenar de empleados y trabajadores y funcionaba con eficiencia. La cifra de pozos se mantenía un poco por arriba de un centenar y la profundidad de las perforaciones había ido en aumento. El último del que tuvimos noticia, a fines de 1993 fue el de la fracción Rivera, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, primero en rebasar los mil metros y sacando a la superficie agua con flúor y minerales pesados, muy dañinos para el consumo humano.
 
Nosotros concluimos nuestra participación en el organismo y vimos que se había convertido en una agencia de colocaciones, con varios cientos de empleados y trabajadores; errores y deficiencias en el manejo administrativo y la pesada carga financiera del Realito”.
 
Cuando ingresamos en el organismo operador la cobranza era del 23 por ciento de la facturación. Pudimos subirla al 51 por ciento como resultado de una decisión inteligente y responsable del entonces gobernador, Teófilo Torres Corzo, que ordenó pagar los consumos de todas las dependencias del gobierno y otras instituciones siguieron su ejemplo. Uno de los problemas que arrastra el Interapas es una cartera vencida de Millones de pesos. Lo dicho: el problema no tiene solución por ineficiencia, burocratismo y errores.
 
 
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