Ciudadanos afectados por la COVID-19 han declarado ante la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) sobre la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Jair Bolsonaro, a quien han criticado por su manejo de la situación sanitaria en el país.
La CPI se ha centrado en esta sesión en escuchar los testimonios de alguno de los 21,6 millones ciudadanos brasileños que han superado la enfermedad o que son familiares de alguno de los más de 600.000 fallecidos a causa del coronavirus en Brasil.
Así, en los discursos han enfatizado la necesidad del uso de mascarilla y evitar aglomeraciones, así como de la importancia de que la sociedad de vacune para paliar los efectos de la enfermedad, tres aspectos respecto a los cuales Bolsonaro se ha posicionado en contra, llegando incluso a manifestar que no recibirá ninguna dosis de la vacuna contra la COVID-19, recoge el portal brasileño G1.
"El dolor es grande, pero el deseo de justicia es mayor. Estoy aquí hoy para representar a las diversas familias que pasaron por el dolor que pasamos (...) La sangre de cada una de las víctimas fluye a las manos de cada uno que subestimó el virus", ha aseverado una ciudadana brasileña que ha perdido a sus padres a cuenta de la enfermedad.
Asimismo, otro ciudadano ha exigido "una disculpa de la máxima autoridad del país", y ha remarcado que "no es un tema político", si no que se está hablando de "la vida de las personas". "Nuestro dolor es real", ha apuntado.
Respecto a la actitud de Bolsonaro, el presidente de la ONG Río de Paz, António Carlos Costa, la ha tildado de ser "la antítesis de todo lo que se esperaba de un presidente de la República". "Nunca lo vimos derramar lágrimas de compasión o expresar un profundo pesar por el pueblo. No sabíamos que favela visitó ni que hospital al que fue para comunicar aliento a nuestros profesionales de la salud", ha afeado.
Por otro lado, personal sanitario de Brasil ha denunciado ante la Comisión la situación que atravesaron los hospitales del país durante los momentos más críticos de la pandemia, instantes en los que encontrar una cama disponible en la Unidad de Cuidados Intensivos podía tardar hasta "diez días".
De igual modo, ante el agotamiento de los suministros de oxígeno, los propios ciudadanos se vieron obligados a reunir dinero para comprarlo. "Todo el oxígeno enviado por el Gobierno y las personas benefactoras no fue suficiente, porque fue una gran cantidad, pero lamentablemente la cantidad de pacientes fue mucho mayor que la cantidad enviada", ha señalado una enfermera.
Por su parte, el principal relator de la CPI, Renan Calheiros, ha presentado una versión del dictamen final sobre el caso a los senadores de la Comisión en medio de un clima de tensión ante la filtración de dicho informe.
El documento, con más de mil páginas, recoge la propuesta de imputación de 70 personas, entre las que se encuentra el propio Bolsonaro acusado de once delitos --entre los que se encuentran el de incitación al odio, prevaricación, genocidio indígena, crimen de lesa humanidad y violación de medidas sanitarias de emergencia, entre otros--.
internacionales
