Economía política o política económica

Eliminar el cobro por la expedición de licencias de manejo representará la cancelación de ingresos por alrededor de 80 millones de pesos, cantidad que representaría el 0.16 por ciento del posible presupuesto estatal de 2022 que podría alcanzar los 50 mil millones de pesos. La intención del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona de otorgar gratuitamente las licencias de manejo no pone en riesgo de modo alguno las finanzas de San Luis Potosí y le significa, en cambio, una ganancia política superior.

Otra cosa son las placas. Como tales no figuran en la ley de ingresos vigente, aparentemente porque su costo está incluido en el derecho por prestación de servicios conocido como “control vehicular” cuyo monto es relativamente importante. El ingreso por ese derecho contenido en la ley 2021 asciende a 550 millones de pesos que sería un poquito más del 1 por ciento del presupuesto para 2022. De cancelarlo, tampoco estaríamos hablando de un gran riesgo para las finanzas pública, pero sí de actos cuyo impacto político en beneficio del gobernador sería más importante de lo que se estima en pesos y centavos.

Debo suponer que el mandatario ya corrió el lápiz y llegó a la conclusión de lo que puede hacer sin llegar a riesgos financieros de alto impacto económico. Evidentemente la cuestión económica es relevante para un gobierno como el nuestro en un estado empobrecido como el nuestro. No obstante, las miras fiscales de Gallardo Cardona no están plenamente definidas. Apenas se conocerán cuando se presenten los proyectos de leyes de ingreso y presupuesto de egresos del año próximo.

La sostenibilidad económica del gobierno no debe fundarse en la carga fiscal para los causantes del estado. Con una lista limitada de causas fiscales que generan ingresos, el gobierno debe orientar sus actos hacia la ampliación de la base de causantes. Esto quiere decir que la generación de riqueza por parte de los habitantes del estado se debe apoyar desde el gobierno a fin de crecer sus ingresos sin modificar tasas ni crecer el número de impuestos. Parece relativamente sencillo, pero en la medida que la actividad económica se incremente en los principales municipios del estado y se aumente la recaudación, las posibilidades promotoras del gobierno crecerán en una dinámica de crecer, crecer.

No tengo en este momento la menor idea de cuáles sean los planes gubernamentales porque evidentemente los funcionarios recién llegados parecen atemorizados frente al compromiso o no están suficientemente capacitados para enfrentar el reto que hoy tiene enfrente la nueva administración. El área económica del gobierno debe iniciar sin dilación sus acciones, como parece haber sucedido con la medida de regalar licencias y placas, a pesar de que todavía no se aclara qué va a suceder con el derecho conocido como “control vehicular” que, dicho sea de paso, antes fue el pago de “tenencia vehicular” hasta que la federación lo desapareció.

Entre tanto, nadie debe descuidar una dinámica de secuencias que se inicia con la economía del estado. Las cuestiones políticas han pasado a segundo plano en virtud del término de los periodos electorales, pese a que la sucesión presidencial mantiene la atención de todo el país ante los cambios, aceleres y circunstancias que no dejan de suceder en la Ciudad de México y en estados como Jalisco, cuyo gobierno se propone consultar a sus habitantes sobre la prevalencia o la modificación del pacto fiscal entre los gobiernos estatal y federal, que aparece en el horizonte con matices inquietantes.

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