Establece juez legalidad de recursos en caso Conacyt

Al negar la orden de aprehensión contra los 31 ex funcionarios del Conacyt, un juez federal consideró que el caso ni siquiera podía ser analizado a la luz del derecho penal, porque las normas vigentes obligaban a dicho organismo a financiar el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT) y, por tanto, todos los recursos aportados fueron legales.
 
 Gregorio Salazar Hernández, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, negó el pasado 21 de septiembre las aprehensiones contra los científicos y académicos por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
 
 Según el fallo judicial, de entrada el juez rechazó el supuesto de la ilicitud de los 244 millones de pesos que recibió el Foro de enero de 2013 a junio de 2019, porque en realidad ese financiamiento estaba previsto en el Estatuto y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otras normas.
 
 "De esta manera, todos los hechos que invoca la fiscalía en los que se involucra el otorgamiento de financiamiento al FCCyT Asociación Civil, de ninguna manera pueden ser analizados a la luz del derecho penal, porque la obligación del Conacyt de dotarlo de los recursos económicos para su adecuado funcionamiento, en su momento estuvieron previstos en la ley que regula precisamente el funcionamiento de dicho Foro y en el Estatuto entonces vigente", sentenció el juez Salazar en su fallo de ayer.
 
 "Esto es, correcta o no la disposición en la que se determina que el FCCyT, creado por ministerio de Ley, y además, en atención a lo determinado por el propio Conacyt, a través de su Estatuto Orgánico de que se constituye como asociación civil para materializar sus actos, finalmente se estima que la actuación que se atribuye a los activos, estuvo amparada por el espectro de la legalidad".
 
 Salazar recuerda que en los seis años y medio en que el Conacyt proporcionó los recursos que ahora se pretenden acusar de ilegales, la Ley de Ciencia y Tecnología; la Ley Orgánica del Conacyt y el Estatuto Orgánico del mismo, preveían la existencia y financiamiento del Foro.
 
 "Lo que implica que los activos actuaban amparados en esas disposiciones, las cuales quedaron derogadas o abrogadas una vez que se reformaron, en el caso, de la Ley de Ciencia y Tecnología, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020 y, el Estatuto Orgánico del Conacyt, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2020", señala.
 
 "Por tanto, al no ser delictivas las conductas que la fiscalía hace depender de la ilegal constitución de una asociación civil, es claro que tampoco se está en posibilidad de analizar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada, porque estos se pretendieron tenerlos por acreditados a partir de lo que, para la fiscalía resultó el ilegal financiamiento por ser ilegal en sí misma, la asociación civil de mérito. Por ende, debe negarse la orden de aprehensión solicitada por la fiscalía".
 
 La Fiscalía planteó que el Foro fue creado como una asociación civil tres meses antes de que se publicara el estatuto que permitía su constitución, motivo por el que no podía ejercer actos de administración sobre los recursos del Conacyt. También señaló que, al ser una asociación civil, estaba fuera de la estructura del organismo científico.
 
 Por consecuencia, el FCCyT recibió en forma ilegal los recursos del Conacyt, como si fuera "una empresa de carácter privado", según la FGR.
 
 En 2013, fueron 40 millones de pesos; en 2014, 35 millones; en 2015, 40 millones y un adicional de 2 millones; en 2016, 45 millones; en 2017, 32 millones; y de enero de 2019 a junio de 2019, un total de 50 millones.
 
 Lo cierto es que los recursos procedían de dos fuentes legales: el Fondo Institucional (FOINS) y el Programa Presupuestario de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (Programa F002).
 
 El fallo de Salazar fue el segundo intento fallido de la Fiscalía para conseguir las capturas de los 31 ex funcionarios, ya que el 24 de agosto pasado judicializó por primera ocasión la carpeta de investigación, pero al día siguiente le fue devuelta por el mismo juzgador sin pronunciarse sobre el contenido de la imputación.
 
 En aquel momento, el juez sólo dijo que el centro federal de Almoloya no era competente para tramitar el caso, porque los hechos ocurrieron en la Ciudad de México y no en el Edomex; además, señaló que la FGR no precisó la participación de cada uno de los imputados ni su peligrosidad.
 
 Al tratarse de aspectos que podían ser subsanados, Salazar le dio 15 días a la FGR para hacer los ajustes.
 
 El 20 de septiembre la Fiscalía desahogó las prevenciones que le hicieron y al día siguiente el juzgador analizó el contenido de la imputación y resolvió que no había ningún elemento para girar las capturas.
 
 Si la acción penal hubiese procedido, los científicos y académicos hubiesen tenido el riesgo de terminar recluidos en el Penal del Altiplano, junto a capos de la droga y criminales de alta peligrosidad, ya que el delito de delincuencia organizada que les pretender fincar amerita la prisión preventiva oficiosa.