Soledad de Graciano Sánchez, SLP.- Inoperancia, maltrato, prepotencia, amenazas y terrorismo hacia la población, ha sido el sello de la delegación de Interapas en Soledad, que de manera sistemática vulneró los derechos humanos de los usuarios, señaló la presidenta de la Comisión de Agua Potable del Cabildo, Gabriela Oviedo Solano.
En la recta final de la presente administración, la funcionaria lamentó que el director del organismo, Fermín Purata Espinoza, no haya puesto orden para ponderar el servicio a la población y haya permitido incluso hasta la denostación y la burla hacia quienes exigían el servicio.
La falta de mantenimiento de los distintos pozos originó escasez constante en el servicio, a lo que se sumó el tandeo de agua en las distintas colonias del municipio, sin un plan estratégico para solventar la falta del líquido, obligando a las familias a disponer de dinero extra para la compra de pipas.
Esta situación, originó que no pudieran pagar los recibos de agua que llegaban puntuales a sus domicilios, primero, porque no contaban con el servicio y segundo, porque habían destinado parte del gasto familiar a la compra de pipas.
En medio de una emergencia sanitaria por el Covid-19, el servicio no sólo no se presta, sino que hay quejas de distintos sectores del municipio de ajustes de tarifas que elevaron los montos en los recibos hasta en un 100%, además de recurrir a cortes del servicio, señaló la funcionaria.
Indicó que aunado a esta situación, la delegación de Interapas con el aval de la dirección general, recurrió al terrorismo para cobrar los recibos de agua potable mediante despachos que amenazaban con el embargo de bienes.
Señaló que se trata de un tema generalizado en las colonias del municipio, pues ninguna se salva de problemas de escasez derivados de pozos descompuestos, pero se le suma las obsoletas redes de drenaje que no fueron renovadas y que causan un foco de infección en distintos puntos del municipio.
La delegación de Interapas demostró que no pudo trabajar de la mano con la gente sino que lo hizo de forma arbitraria y unilateral, no resolvió problemas y al contrario, ha quedado expuesto el caos administrativo, financiero y operativo, que afecta directamente a las familias, concluyó.
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