Participación ciudadana clave en el combate a la corrupción

Comenzaré mi columna citando a Aristóteles, quien decía:

“El ciudadano tiene derecho a participar en la función deliberativa o judicial de la ciudad”

la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas es uno de los pilares en los que descansa la gobernanza, contribuye a consolidar la democracia participativa en el contexto del Estado-Nación. La crisis de gobernabilidad que enfrentan el Estado, obliga a buscar mecanismos de cooperación y coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial y gobierno, pues de lo que se trata es que los ciudadanos logremos transitar de gobiernos burocráticos a gobiernos interactivos, incluyentes, creativos e innovadores, donde sean respetados los derechos humanos; para lograrlo es indispensable garantizar el acceso a la información y conocimiento, para que la ciudadanía aporte ideas, participe de manera activa y colaborativa, es una exigencia ciudadana tener información sobre el destino de los recursos a tiempo real, tal como lo tiene la plataforma del SAT con la facturación electrónica, en este sistema de transparencia y rendición de cuentas, el combate a la corrupción es una de las vertientes. Según el Barómetro Global de la Corrupción, a nivel nacional para 90% de los ciudadanos la corrupción constituye uno de sus principales problemas y motivo de preocupación.

Gerardo Gabriel Martínez ha expresado que la corrupción es un fenómeno que impacta de manera negativa en los ámbitos económico, político y cultural de una sociedad. Acabar con ella requiere de la participación ciudadana como una pieza fundamental para la eficacia de las políticas públicas implementadas para tal efecto. Desde el contexto internacional, la corrupción limita la apertura comercial y hace más difícil atraer inversión extranjera, según un informe de competitividad global preparado por el World Economic Forum señala que el principal factor que afecta hacer negocios en México es la corrupción.

Por su parte, si los ciudadanos realizáramos el ejercicio de llevar un registro sobre la palabra más utilizada en los discursos por los políticos, sin lugar a dudas una de ellas sería “Corrupción”, sin embargo, valdría la pena reflexionar sobre su significado, repasar en una primera instancia sobre los compromisos que nuestro país ha asumido en los tratados comerciales internacionales, posteriormente pasar a analizar los avances que se tienen en la implementación del sistema nacional anticorrupción y finalmente conocer las acciones que se están emprendiendo a nivel local en San Luis Potosí, con la finalidad de evaluar el grado de efectividad para combatir este fenómeno.

En el caso de San Luis Potosí, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 50.2% de la población de 18 años y más refirió que la corrupción es el segundo problema más importante, el primero lo ocupa la inseguridad y delincuencia y el tercero el mal desempeño del gobierno. Adicionalmente hay dos estados a nivel nacional que no han logrado consolidar su Sistema Nacional Anticorrupción, uno es San Luis Potosí y el otro es Baja California.

Con base a lo antes expuesto, expongo algunas propuestas que pueden ser emprendidas desde las organizaciones de la sociedad civil para el combate a la corrupción en el Estado de San Luis potosí:

1. Considerando que la corrupción es el segundo tema de mayor interés para la población según la encuesta del INEGI, es indispensable la creación de centros neurálgicos (Think Tank) donde se estudie el fenómeno de la corrupción de manera sistemática, con análisis serios sobre los mecanismos y lógicas de funcionamiento de los actos de corrupción, se incida en la construcción de políticas anticorrupción, teniendo presente que involucrar a la sociedad civil se hace parte de una lógica de acción pública asumida como gobernanza.

2. Constituir contralorías sociales ciudadanas, cuyas funciones sean analizar, vigilar y evaluar oportunamente el uso y destino de los recursos públicos a nivel municipal y estatal, con apoyo de los colegios de profesionales y las universidades.

3. Promover principios y valores éticos, cívicos a toda la población, mediante herramientas lúdicas como cortometrajes y obras de teatro, donde se impulse una cultura de la legalidad.

4. Hacer un listado de los personajes que han sido denunciados por actos de corrupción, tal como se tiene la lista negra del SAT, cuando un contribuyente ha dejado de cumplir con sus obligaciones. 

Concluiré mi columna, citando una frase del filósofo francés Jean Jaques Rousseau, que invita a la participación ciudadana diciendo:

“Construyan ciudadanos y tendrán lo que necesitan”

Lic. Y M.C.I. Rafael Munguía Garduño

Especialista en impuestos y comercio internacional

Catedrático, conferencista, asesor y promotor cultural.

rm.asesor.fiscal.legal@gmail.com www.facebook.com/rafael.munguia.1291