Se han registrado 887 denuncias por fraude entre enero y mayo de este año.
Desempleo aumenta informalidad y delincuencia
En San Luis Potosí empezamos la pandemia por COVID-19 con una tasa de informalidad de 48.9 por ciento, porcentaje que se amplió debido a los empleos formales que se perdieron y que dejaron en el desamparo a muchos potosinos.
Estas condiciones de insatisfacción han dado como resultado un incremento en los índices de delincuencia común, particularmente en estafa y extorsión, actividades que sin intentar justificarlos, les permiten mantener un nivel de vida si no igual, sí parecido al que estaban acostumbrados, aunque ahora de manera ilegal.
¿Cómo lo hacen?
El modus operando que hoy emplean es el engaño a través de promesas de empleos con la condicionante de pagar (como adelanto, cuota, impuesto o pago por la ayuda) grandes cantidades dinero. En otros casos se ofrecen préstamos por elevadas cantidades con condicionantes de pagos iniciales para poder recibir el dinero, causando con esto la ruina y el endeudamiento de las víctimas.
De acuerdo al último reporte emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año en San Luis Potosí se han registrado 887 denuncias por fraude, 47 por extorsión y 299 por abuso de confianza, siendo los meses de marzo a mayo en donde se registra el mayor número de denuncias.
Hasta el día de hoy la Unidad de la Policía Cibernética ha emitido un total de 167 alertas vía Twitter dirigidas a la ciudadanía para prevenir los delitos cibernéticos.
Esta unidad especializada brinda asesorías para personas que fueron víctimas de Acoso, Difamación, Sextorsión, Suplantación de identidad, Acoso, Fraude, Ciberbullying, Amenazas y Sexting.
Penas no desincentivan la delincuencia
Para el Código Penal Federal, el fraude es un delito que puede alcanzar sanciones de hasta 12 años de prisión y multas de hasta 120 veces el salario.
Para el caso de extorsión, las sanciones pueden alcanzar hasta ocho años de prisión y 160 días de multa.
sin embargo estas sanciones y multas se pueden elevar mucho más si quien las comete es parte de alguna corporación policiaca o funcionario de alguna entidad de gobierno.
En estos casos, a las sanciones corporales y económicas se les suma la inhabilitación para desempeñar cargos públicos por determinado número de años.
Vulnerabilidad económica abre puerta a los delitos
De acuerdo con un estudio realizado por el Departamento de Negocios de la Universidad Iberoamericana Puebla, los problemas económicos que enfrentan las familias, no solo aumentarán el empleo informal y el desempleo, sino también la delincuencia y el crimen organizado.
El análisis “Contención del desempleo: responsabilidad de sector público y privado”, realizado por María Elena Pérez Pulido, considera que la vulnerabilidad en la que caerán diferentes sectores de la sociedad, abre la puerta para que se busquen ingresos en actividades de subcontratación y hasta en condiciones inapropiadas como la delincuencia
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