Omar Ramírez, alcalde electo de Cazones de Herrera, fue detenido como presunto autor intelectual del asesinato de René Tovar, candidato por Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de ese municipio, confirmó este viernes la Fiscalía de Veracruz.
El detenido era coordinador de campaña de René Tovar, quien fue asesinado el 4 de junio a pocas horas de que iniciara la jornada electoral.
Presuntamente, un comando armado intentó plagiar al candidato, pero durante los hechos le dispararon en al menos ocho ocasiones.
Tras el ataque, integrantes de su equipo de campaña trasladaron a Tovar a un hospital de Poza Rica, no obstante ya había muerto.
Tras estos hechos, Ramírez asumió la candidatura para la alcaldía de Cazones y resultó electo.
El sujeto fue detenido en Coatzintla junto con otro sospechoso identificado como Gustavo ‘N’.
Ambos sujetos fueron presentados ante la autoridad judicial correspondiente, quien impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
El proceso electoral en México para los comicios intermedios del pasado 6 de junio dejó 102 políticos asesinados, entre estos 36 aspirantes y candidatos a distintos cargos, informó este martes la consultora Etellekt.
De acuerdo con el Séptimo informe de violencia política en México, de la firma Etellekt, del 7 de septiembre de 2020, hasta el 6 de junio, se registraron un total de mil 66 agresiones globales en contra de políticos, de los cuales 102 fueron homicidios, 36 de estos aspirantes y candidatos.
Del total de los 102 políticos asesinados, 87 eran hombres (29 eran aspirantes y candidatos) y 15 mujeres (siete aspirantes y candidatas).
En el reporte, se apuntó que la violencia en contra de personas políticas “se extendió a los 32 estados del país” y a 570 municipios de los cuales 29 fueron ciudades capitales.
La cifra de mil 66 agresiones globales fue un 37.7 por ciento mayor en comparación a las 774 agresiones o delitos globales contabilizados en el anterior proceso electoral 2017-2018.
No obstante, la cifra de 102 políticos asesinados es menor en un 32.8 por ciento en comparación con los 152 casos del periodo electoral de 2017-2018.
El informe resaltó que en el proceso, la mayoría de las agresiones fueron en contra de los candidatos opositores a los gobiernos estatales (75 por ciento).
Mientas que el 75 por ciento de los aspirantes y candidatos víctimas de todos los delitos registrados por el Indicador de Violencia Política, que perseguían cargos municipales (alcaldías, regidurías y sindicaturas), “también eran opositores a los alcaldes de los mismos municipios en donde competían”.
La consultora destacó que en la medida que continúe “siendo comprometida la seguridad de los candidatos y ante la altísima tasa de impunidad que impera en relación con la sanción efectiva de estos delitos, se reproduce el circulo vicioso de la violencia”.
Lo cual “permite apartar por la fuerza a las personas que compiten por cargos de elección”, violando sus derechos políticos y humanos, así como los de los votantes.
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