Aprueban reformas para evitar sobrecostos en obras

Los diputados aprobaron reformas para evitar la corrupción y el aumento de costos en las obras públicas que realice el Gobierno federal, con más requisitos previos a firmar contratos con la iniciativa privada.
 
 Tal reforma se avaló en lo general con 452 votos a favor, con señalamientos de la Oposición de que obras como la refinería de Dos Bocas ni el Tren Maya se llevaron los recursos federales y no se privilegió la obra pública para todo el País.
 
 Además de exigir permisos ambientales terminados, se elevan tiempos de garantía a dos años y las fianzas al 20 por ciento del costo del proyecto.
 
 La reforma prevé que no solo la Secretaría de la Función Pública audite, sino que ya se incluye la participación de la Auditoría Superior de la Federación para revisar la ejecución de las obras durante el tiempo en que se realizan.
 
 Se trata de las reformas más importantes a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en lo que va de la Legislatura, luego de consultas con constructores, la Auditoría Superior de la Federación y especialistas para atacar los problemas estructurales que afectan la ejecución de obras en el Gobierno.
 
 En el artículo 24 se precisa que para licitar, adjudicar y contratar obras públicas, las dependencias y entidades deberán contar con los estudios y proyectos, permisos ambientales, derechos de propiedad, inmuebles y bienes necesarios, además de especificaciones de construcción, normas de calidad, y el programa de ejecución, totalmente terminados.
 
 Se agrega que, en caso de obras públicas de gran complejidad, éstas deberán contar con los elementos técnicos suficientes que permita a los licitantes preparar una proposición solvente.
 
 "Aquellas obras públicas que no cuenten con los derechos de propiedad liberados deberán presentar los convenios de ocupación previa que aseguren la conformidad de ocupación por parte del propietario", se precisa en la reforma.
 
 En el dictamen se indica que esta reforma se hace necesaria para mejorar la planeación y ejecución de las obras públicas del País.
 
 Refiere que la Auditoría Superior de la Federación ha advertido que las debilidades de carácter técnico son un factor recurrente en la ausencia o insuficiencia de estudios previos, como mecánica de suelos, topográficos, geológicos y ambientales, entre otros.
 
 Además, de acuerdo a la ASF, cita el dictamen, es común encontrar indefiniciones en las normas técnicas y de calidad para la ejecución de la obra, así como en las especificaciones generales y particulares de construcción.
 
 "Con la reforma no solo se asegurará un mejor gasto de recursos públicos, sino en obras realizables y que en un futuro serán mucho más caras que la proyección inicial de costos que hayan tenido previo a su realización", se explica en el proyecto presentado por la Comisión de Infraestructura.
 
 Como ejemplo, el dictamen cita el caso del Tren Interurbano México-Toluca, el cual ha sufrido diversas modificaciones en su trazo, debido a la problemática social que se ha desarrollado y que lo ha retrasado, con costos que se calcularon en 38 mil millones inicialmente y que han duplicado en 79 mil millones.
 
 La reforma precisa que, en los procedimientos de contratación, las dependencias tendrán que revisar de las empresas su especialidad, la experiencia y el cumplimiento previo de contratos, su capacidad y constancia documental.
 
 Respecto a la residencia de obra, la empresa supervisora será corresponsable con el residente designado por la dependencia o entidad, en verificar la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a las especificaciones del contrato y la calidad de los materiales.
 
 También para evitar los abusos en obras mal hechas, se amplían los controles para las empresas.
 
 Se ratifica que, concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.
 
 "Los trabajos se garantizarán desde un plazo de 12 meses hasta un plazo de 24 meses, conforme a la complejidad y características de los trabajos para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que, previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas a su elección deberán constituir fianza por el equivalente desde el 10 por ciento hasta el 20 por ciento del monto total ejercido de los trabajos".
 
 También tendrán que presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente desde el 5 por ciento, hasta por el 10 por ciento del monto total del ejercicio de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente desde el 5 por ciento hasta el 10 por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.
 
 El diputado del PRI, Fernando Galindo, consideró que la reforma es un avance en sentido correcto para incentivar la inversión pública, como uno de los factores para el desarrollo y crecimiento económico del País.
 
 "Hemos visto que esta administración ha destinado recursos a grandes proyectos, donde no tienen claridad sobre su viabilidad y sobre la rentabilidad económica y social", reclamó.
 
 Dijo que todos los proyectos que se lleven a cabo por el Gobierno Federal o con recursos deben contar con el análisis costo-beneficio antes de iniciar.
 
 "Eso es fundamental. Porque ya estamos viendo que muchos de los proyectos que iniciaron no van a tener certidumbre en el largo plazo", indicó.
 
 Galindo, ex subsecretario de Hacienda, presentó una reserva que fue desechada por la mayoría, que proponía que todos los procesos de licitación que se publiquen en Compranet tengan la suficiencia presupuestaria, a fin de dar certidumbre para que las dependencias paguen en tiempo y en forma.
 
 El panista Mario Mata señaló que se construyó la reforma con la claridad de que el Gobierno federal no tuvo ni tiene la voluntad de invertir en infraestructura.
 
 "Nuestro trabajo en promoción de construcción y conservación de carreteras, de caminos saca cosechas, puentes, infraestructura ferroviaria, portuaria, hospitalaria y aeroportuaria fue prácticamente nula.
 
 "Los proyectos faraónicos e inútiles del Tren Maya, el Corredor Interoceánico, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía fueron los que se llevaron todo el presupuesto y en el resto del País no hay absolutamente nada, ni un puente de madera", condenó.
 
 La reforma fue turnada al Senado para su revisión y posible aprobación.