Jorge Luis Lavalle Maury se convirtió en el primer político al que un juez ordena llevar a la cárcel, como parte de la investigación por los supuestos sobornos que Emilio Lozoya dice haber repartido para la aprobación de la reforma energética, dinero que procedería de Odebrecht.
Un juez federal aprobó la solicitud de la Fiscalía General de la República para imponerle al ex senador panista la prisión preventiva justificada, luego de concluir que sí existe el riesgo de que pueda darse a la fuga, al no contar con un domicilio fijo, no ser reconocido por sus vecinos, contar con los recursos suficientes y tener registros de viajes al extranjero.
El campechano fue ingresado al Reclusorio Norte y allí permanecerá por lo menos hasta el próximo lunes, fecha en que continuará la audiencia y se definirá su situación jurídica, informaron autoridades judiciales.
El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, emitió esta determinación en una maratónica audiencia inicial en la que también concedió al imputado duplicar el plazo para definir su situación legal y fijó para el próximo lunes a las 10:00 horas la audiencia de vinculación a proceso.
Desde ayer las 20:30 horas, Lavalle pidió que todas las partes se trasladaran al centro de justicia para continuar con la audiencia inicial, que hasta ese momento se había desarrollado a través de una videoconferencia.
De acuerdo con la información proporcionada, el juez consideró la información que le proporcionó la FGR, en el sentido de que Lavalle carecía de arraigo, ya que tiene domicilios registrados en las Colonias Florida y Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, y en Campeche, de donde es originario.
El juzgador no consideró más de 30 datos de prueba ofrecidos por el campechano, entre los que había incluso audios de conversaciones de un elemento de la FGR a quien le informaron que el domicilio del ex senador es el localizado en un condominio horizontal del sur de esta capital, donde efectivamente los vecinos lo ubican.
Esta audiencia inició a las 10:45 horas de ayer y concluyó a las 5:00 horas de este sábado. Las últimas cinco horas se tramitó en una sala de audiencias del centro de justicia.
Ahora la siguiente posibilidad de Lavalle para recuperar su libertad, es que el próximo lunes acredite que las imputaciones carecen de elementos y el juez determine la no vinculación a proceso.
La imputación contra tiene como punto de partida la denuncia que Lozoya presentó el 11 de agosto ante la Fiscalía y que dio lugar al inicio de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020.
El ex director de Pemex acusa en su querella a 16 políticos y ex altos funcionarios como los ex Presidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, así como ex senadores como Francisco Cabeza de Vaca y ex candidatos presidenciales como Ricardo Anaya y José Antonio Meade.
A grandes rasgos, Lozoya afirma que los sobornos que recibió de Odebrecht a su vez los empleó para sobornar a legisladores del PRI y del PAN para que aprobaran las reformas estructurales, la energética, principalmente.
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El panista es uno de los entonces senadores que acusa como receptores de ese dinero, aunque Lozoya no precisa cantidades.
Pero Rafael Caraveo Opengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado y ex subordinado de Lavalle, declaró que fueron por lo menos 25 millones de pesos, dinero que asegura haber recibido en 15 maletas a nombre del senador.
Cuando acudió ante la FGR, Caraveo refirió dos entregas importantes, una de 13 y otra de 12 millones de pesos, recursos que -según su dicho- financiaron campañas electorales del PAN.
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