El expresidente francés Nicolas Sarkozy no acudió este miércoles al segundo proceso contra él desde que en 2012 salió del Elíseo, esta vez por sus presuntas irregularidades en su campaña para la reelección, y que quedó aplazado hasta mayo por la ausencia por enfermedad del abogado de otro de los acusados.
El proceso, el segundo en lo que va de año en el que está implicado el expresidente, se desarrollará entre el 20 de mayo y el 22 de junio próximos.
Sarkozy fue el único de los 14 encausados que no estuvo presente en la apertura del proceso por el que puede ser condenado a hasta un año de cárcel y 3.750 euros de multa.
El expresidente evitó así la imagen de su entrada en el palacio de justicia, en la misma sala donde hace dos semanas se convirtió en el primer antiguo inquilino del Elíseo sentenciado a prisión: tres años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento, por un caso de corrupción y tráfico de influencias.
Estuvo representado por su abogado de confianza Thierry Herzog, también condenado en el anterior caso, quien aseguró que su cliente acudirá siempre que su presencia en este nuevo proceso sea necesaria.
En el primer proceso, cuya sentencia quedó en suspenso por la apelación al Supremo, Sarkozy no faltó a ninguna de las sesiones y ahora afronta un juicio con menor carga penal pero con mayor implicación política.
Sobre la mesa está si su campaña para las elecciones presidenciales de 2012 (en las que fue derrotado por el socialista François Hollande) se benefició de una financiación oculta que le permitió casi doblar el tope de gasto impuesto por la ley francesa.
Para ello, según la investigación, se ideó un sistema de doble financiación que, a través de falsas facturas, permitió cargar al partido UMP -rebautizado posteriormente como Los Republicanos- gastos de organización de mítines del candidato, mediante la empresa de organización de eventos Bygmalion, que da nombre al caso.
NUEVOS ELEMENTOS
Hasta 44 mítines encadenó Sarkozy en busca de dar la vuelta a las encuestas que favorecían a Hollande, quien solo dio una decena, pero que fueron suficientes para sacarle del poder.
En total, la campaña de Sarkozy gastó casi 43 millones, frente al techo de 22,5 autorizado a un candidato que superaba la primera vuelta.
La apertura del juicio sirvió para que varios de los acusados pidieran integrar en el proceso nuevos elementos, revelados por la prensa y que pueden servir a la causa de Sarkozy.
El semanario Le Point publica esta semana que Jean-François Copé, que lideraba el partido conservador UMP en 2012, firmó una petición de préstamo para salvar a las maltrechas arcas de la formación.
Copé, contra quien los investigadores no encontraron indicios suficientes para sentarle en el banquillo de los acusados, siempre ha asegurado que desconocía los desmanes de la campaña de Sarkozy, con quien mantenía una relación de abierta rivalidad en el seno de la derecha.
La defensa del expresidente, así como la de otros de los acusados, consideran que si pidió un préstamo, Copé tenía que conocer que por algún lugar se estaba escapando el dinero del partido.
SARKOZY CONTRA COPÉ
Sarkozy siempre ha mantenido que este caso es un montaje de su rival, que le impuso trabajar con la empresa Bygmalion, al tiempo que alienta la tesis de que, en realidad, el dinero desviado no fue a su campaña, sino que sirvió al enriquecimiento personal de Copé.
Este nuevo frente puede beneficiar a un Sarkozy que siempre ha negado conocer la trama, pese a que la acusación ha encontrado dos notas destinadas a él en las que los contables de la campaña alertaban del elevado nivel de gasto de la misma.
La investigación no pudo determinar que el maquillaje contable fuera ordenado por Sarkzoy, a quien los principales acusados desvinculan del mismo.
En todo caso, el juez instructor consideró que Sarkozy "se benefició sin duda de los fraudes revelados por la investigación que le permitieron disponer de medios muy superiores a los que la ley le autorizaba" en su carrera por mantenerse en la Presidencia.
El expresidente tiene otras cuentas pendientes con la justicia, como las acusaciones de que su campaña presidencial de 2007 se benefició de financiación del régimen libio de Muamar Gadafi, caso en el que también está imputado.
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