Tristemente, la declaratoria del color rojo a SLP del semáforo epidemiológico fue algo que ya se veía venir y que, por lo demás es algo merecido por la ausencia de colaboración colectiva en el combate a la pandemia del coronavirus pues la mayor parte de los potosinos se empeñaron en no alzar un dedo para contribuir a la contención del rebrote de la enfermedad que ha detonado y que es un reflejo fiel de cómo en centenares de hogares se dieron el gusto de festejar la navidad y el fin de año donde los contagios se aceleraron y se elevó el número de defunciones entre las que, sin duda, se encontraron las de muchos familiares de los que pusieron por encima de la prudencia y seguridad el gusto por organizar reuniones numerosas donde seguramente dieron rienda suelta a los abrazos y felicitaciones entregando, de paso, como regalo, el contagio de la pandemia con el pasaporte a la muerte que en muchos casos ya cobró vigencia.
Y aunque fue un paso complicado para el gobierno estatal el rápido disparo de casos positivos que se generó por esa causa al pasar a más de 300 diariamente obligaron a la imposición del cambio de color en el semáforo con la aplicación complementaria de enérgicas medidas restrictivas encaminadas a frenar en lo posible la propagación del virus, principalmente con la disminución de horarios en actividades que normalmente son punto de aglomeraciones como plazas comerciales y restaurantes así como la prohibición de pasear por las plazas públicas.
Tan era necesaria esta medida que hace días el gremio de los antreros demandó el paso al color rojo aún a costa de la paralización de sus negocios.
Asimismo otra acción importante dirigida a meter al orden a los necios es la aplicación de multas a quienes no usen cubrebocas en lugares públicos con lo que se pretende que los acostumbrados a no usarlo piensen dos veces su decisión de salir de casa sin esa protección lo que se espera surta efecto pues pegará a los infractores donde más duele como es el bolsillo ante lo que ya nomás falta que surjan los inconformes por todo y protesten por esta decisión calificándola de una violación a los derechos humanos únicamente por justificar un sueldo llamando la atención como suelen gastárselas los funcionarios de ese campo.
