San Luis Potosí, SLP.- Ciudad Valles, Matehuala y Soledad de Graciano Sánchez, fueron los municipios con mayor número de quejas por detenciones arbitrarias, durante el 2020, señaló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Andrés López Espinosa.
El año pasado, estas tres policías municipales recabaron 47 quejas cada una, en cuarto lugar, pero también con un número considerable, se posicionó la Dirección General de Seguridad Pública de San Luis Potosí, con 31 quejas.
El ombudsperson explicó que, de entrada, todas estas quejas son calificadas como presuntos hechos violatorios a derechos humanos, durante la integración del expediente, puede suceder que se genere una conciliación y las partes lleguen a algún arreglo.
“Cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos esto no es posible, llamándose cuestiones de homicidios, lesiones graves, etcétera, ahí nosotros nos pronunciamos con una recomendación”.
La policía municipal, cuando realiza una detención, puede ser por la flagrancia de un delito, entonces se puede poner a disposición inmediata al Ministerio Público; al tratarse de faltas administrativas, que es cuando suceden situaciones que son actos contrarios a los bandos de policía y buen gobierno, ahí es donde tienen que llegar a los jueces calificadores.
“En el caso específico de Ciudad Valles, lo que se pudo determinar, es que carecía de un juez calificador y que esto propiciaba, desde luego, violaciones recurrentes a los derechos de todas las personas detenidas, porque, de entrada, es un derecho que una persona, al ser detenida, sea puesta en inmediata disposición de una persona que califique su falta”.
Ciudad Valles no tenía juez calificador y quien lo hacía era el director de la policía municipal: “entonces era juez y parte, desde luego esto propiciaba toda una serie de violaciones”.
Ahora se está revisando como está funcionando esta nueva modalidad: “que tendría que haber sido así desde el principio, pero no lo estaban realizando”.
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