Miguel Ángel Guerrero | 22/12/2020 | 19:59
Después de nueve largos y tortuosos meses de que la comunidad potosina ha mostrado ser impermeable a todo razonamiento sobre el peligro mortal que entraña la pandemia del coronavirus por lo que ha echado al caño todo llamado a tomar medidas preventivas para evitar los contagios y no contribuir a su propagación ante lo que con todo y los riesgos que implica dicha postura social para la salud no ha sido suficiente para que las autoridades acudan a la toma de medidas enérgicas para obligar a las personas a que las respeten.
Mientras en otras partes del mundo se ha visto con naturalidad la implantación del toque de queda para evitar que anden fuera de sus domicilios sin motivo real en SLP se sigue viendo con temor aplicar la energía para que también aquí obligadamente los ciudadanos se guarden en sus casas y no se conviertan en agentes propagadores del coronavirus.
Cuando mucho, en la capital potosina se llegó a acordonar las plazas públicas para contener su acceso, medida que nunca funcionó pues con total cinismo y desdén las personas alzaban el listón para pasar.
Asimismo, en tanto en otros estados desde hace meses son objeto de multas económicas y aún arrestos policiacos a la gente que no porte el cubrebocas en San Luis no se ha decidido llegar a ese extremo quizás temiendo pagar un costo político el 2021 sin detenerse a pensar que mientras más contagios y muertes se registren por la pandemia es más pésima la impresión que se proyecta.
Desde el mes de marzo en que se registró aquí el primer caso los exhortos a la gente de guardar la sana distancia tanto como el aislamiento social han llegado a convertirse en el ruego diario del comité de seguridad en salud mismos que durante estos nueve meses que lleva el azote de la pandemia se han estrellado en la granítica necedad de los potosinos de no darle la importancia que merece la gravedad de la situación y no se espera que cambien de parecer con todo y el peligro de que pasemos del color anaranjado al rojo del semáforo epidémico.
Pero, no obstante la probada resistencia de la mayor parte de las personas a pensar en el bienestar general. Las autoridades mantienen la postura de no endurecer las medidas contra quienes no respeten y cumplan con las medidas sanitarias por apostar más al convencimiento de la población en torno a la conveniencia de atenderlas cuando durante casi 270 días nomás no se han convencido y los contagios como las muertes por el virus continúan.