El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una controversia constitucional para reclamar la falta de presupuesto para organizar, en agosto de 2021, la primera consulta popular en México, para determinar si el Gobierno debe esclarecer "decisiones políticas del pasado".
Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió hoy a trámite la demanda del INE, que reclama los dos decretos publicados por el Congreso para convocar a la consulta, solicitada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador con la idea de enjuiciar a cinco ex Presidentes de la República.
Dichos decretos, publicados el 28 de octubre y el 19 de noviembre, no contemplan los mil 499 millones de pesos que el INE requirió para organizar la consulta, recursos que tampoco fueron autorizados en el Presupuesto de Egresos de 2021 para el órgano electoral.
En el segundo decreto, el Congreso aplazó al 15 de julio la entrada en vigor de la convocatoria, pero de todos modos ordenó al INE "ejecutar las acciones preparatorias necesarias para la consulta".
Si bien la controversia fue admitida, y el Ministro o Ministra--cuyo nombre no ha publicado la Corte--ya emplazó a juicio a ambas cámaras del Congreso, y al Ejecutivo Federal, no se concedió por ahora una suspensión para forzar la entrega inmediata del dinero al INE.
"No ha lugar a abrir de oficio el incidente de suspensión, ya que se impugnan actos de carácter negativo", explica el fallo.
Dichos "actos negativos" consisten en que "el Congreso no previó los mecanismos que proveyeran del presupuesto necesario al INE, para hacer frente a su encomienda Constitucional como órgano autónomo, por lo que la medida cautelar no puede tener por efecto reconocer y/o constituir aún de manera provisional, el derecho que se pretende en el fondo del asunto", agrega la resolución.
Por tratarse de materia electoral, es previsible que la Corta dará tramite prioritario a esta controversia cuando regrese de su receso, que inicia este miércoles y termina el 3 de enero, de tal forma que pueda dictar sentencia con el tiempo suficiente para financiar la consulta, si es que los ministros dan la razón al INE.
La Corte está especialmente obligada a resolver este litigio a tiempo, pues fue dicho tribunal el que, el 1 de octubre, por 6 votos contra 5, avalo la materia de la consulta planteada por López Obrador, pero reformuló totalmente la pregunta que este había planteado.
"¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?", era la pregunta que hacía el Presidente.
"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco Constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?", fue la pregunta que redactó la Corte, criticada por su ambigüedad y falta de claridad.
Para que el resultado de la consulta vincule a las autoridades será necesario que participe al menos 40 por ciento del listado nominal de electores, 37 millones de ciudadanos.
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