Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) | 04/12/2020 | 14:24
La crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto devastador, no sólo en materia de salud, también se ha traducido a fuertes costos laborales, sociales y de garantía de derechos humanos. Tan sólo en América Latina y el Caribe los mayores efectos en términos de coyuntura laboral se sintieron en el segundo trimestre del año 2020 en el que se estima una pérdida de aproximadamente 47 millones de empleos (CEPAL-OIT, 2020). Se estima que, en México, la población no económicamente activa disponible para trabajar a junio de 2020 fue de 13.2 millones de personas, de estás, 5.6 millones fueron cesadas de sus puestos de trabajo debido a una suspensión temporal sin recibir pago, mientras que 4.4 millones perdieron, renunciaron a su empleo o cerraron su negocio, en el segundo trimestre de este mismo año (INEGI, 2020).
Esta pérdida de millones de empleos y la alta tasa de desocupación no sólo limita el ejercicio de derechos laborales de millones de personas, sino que también ha provocado que sus posibilidades de desarrollo se vean truncadas incidiendo negativamente en el disfrute y ejercicio de otros derechos humanos, como lo son el derecho a la educación, a una alimentación adecuada, o una vivienda digna.
La crisis ha afectado sobre todo a los grupos vulnerables, profundizando las desigualdades, entre estos grupos se encuentran las personas jóvenes y en particular las mujeres, quienes además de sufrir la pérdida de empleo tuvieron que retirarse del mercado laboral para realizar tareas de cuidado y del hogar (CEPAL-OIT, 2020). En México, las juventudes entre 15 y 24 años representan el 25.5% del total de las personas desocupadas (INEGI, 2020), es decir la cuarta parte de las personas que forman parte de la fuerza laboral que está buscando trabajo y que muy probablemente se incorporan al mercado laboral por primera vez.
Sin embargo, la desocupación es sólo la parte más visible de los efectos que enfrentan las juventudes, pues además de la pérdida de empleo, esta impacta su trayectoria personal y profesional mermando su autonomía. A menor probabilidad de conseguir empleos dignos aumenta el número de personas jóvenes inactivas o que se emplean en la informalidad lo que podría ocasionar mayor exclusión del mercado laboral a futuro, profundizando las desigualdades y la vulneración de derechos.
Los organismos internacionales como la CEPAL y la OIT han sugerido a los gobiernos promover la inserción laboral de las personas jóvenes combinando entrenamiento en aula con una etapa posterior de pasantía en empresas, complementándose con subsidios monetarios para asegurar su asistencia y participación, así como servicios de empleo para apoyar la reinserción laboral, además de generar programas de formación profesional que faciliten la recalificación o reconversión laboral para las personas jóvenes que han perdido sus empleos.
Desde la sociedad civil nos sumamos a promover el diálogo activo y la articulación de diferentes sectores (OSC, sector público, sector privado, educativo), para fomentar el intercambio de recursos y conocimientos que favorezcan la inserción laboral digna de las juventudes, una inserción que ofrezca un salario digno, brinde acceso a servicios de salud y seguridad social, ofrezca estabilidad y respete sus derechos.
Referencias:
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Organización Internacional del Trabajo (OIT), “La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de política”, Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, Nº 23 (LC/TS.2020/128), Santiago, 2020
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE)”, agosto 2020Por: Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac)
