Despojo de las aguas que el ejido La Presa tiene dotadas desde 1955 por decreto presidencial, afectación a los derechos agrarios de cientos de ejidatarios y sus familias y la modificación drástica de la Sierra de Catorce, en la que se usaron explosivos, maquinaria y se desmontó cobertura vegetal, son varias de las afectaciones sociales y ambientales que ocurrirán si se permite la construcción de la presa La Maroma, señaló Daniel Jacobo Marín, asesor jurídico del ejido La Presa.
Para evitar la construcción de esta obra que presuntamente afectaría la calidad de vida de los ejidatarios, se utilizarán dos recursos legales: un recurso de revisión y un amparo para combatir la resolución del Tribunal Agrario.
Aún y con esta resolución, el también investigador dijo confiar en que el proyecto está oficialmente cancelado por la Dirección Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Para empezar, se trata de una sentencia derivada de un juicio ordinario agrario que se interpuso en el Tribunal Agrario de San Luis Potosí, nos preocupa, por un lado, la determinación formalista que ha tomado dicho tribunal, que se supone está constituido en el ámbito de la "justicia social", dada la naturaleza de los sujetos que acuden a éste”.
El acuólogo agregó que ese juicio es parte de la estrategia integral de defensa del ejido La Presa y no es el único instrumento que se utilizó para combatir el proyecto de presa de almacenamiento La Maroma.
“En este juicio, se solicitó la nulidad de la asamblea de 7 de octubre de 2017, y el convenio derivado de esta, que tiene un contenido de expropiación de superficie ejidal para que "pasara el acueducto".
Se documentó que esa asamblea no cumplió los requisitos exigidos por la Ley Agraria, se trata de una "asamblea dura", porque ello implicaba que el ejido cediera superficie para el tendido del acueducto: “Esa asamblea es ilegal y se pretendía anular en el Tribual Agrario […] en esta instancia no se peleaba el proyecto de presa La Maroma, sólo una asamblea y el convenio derivado.
El colmo, dijo que es que la Conagua acudiera al Tribunal Agrario “para allanarse a las pretensiones de los ejidatarios y reconociendo la falta de formalidad en la asamblea”.
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