Proceso electoral avanza

Nueva Alianza rompe coalición con PVEM

El dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, Francisco Javier Rico Ávalos, señaló que se le va a dar forma a una alianza partidaria con Morena en el estado, esta figura podrá dar el tiempo suficiente de que los partidos políticos puedan platicar y llegar a un nuevo acuerdo con respecto a esa alianza, pero ya la coalición va a dejar de existir para convertirse en una alianza partidaria.

Respecto a la aprobación del Ceepac de la coalición conformada por el PT, Partido Verde y Nueva Alianza, explicó que si no se suscribe queda sin efecto, ya que la ley prevé que si un partido político antes de inscribir algún candidato quiere salirse de la coalición, lo puede hacer, entonces eso es lo que va a pasar, cada uno de los partidos va a tomar su propia decisión de acuerdo a su dirigencia nacional, a diferencia de Nueva Alianza dónde a nivel estatal se tomará la determinación, pero en concordancia con las indicaciones que se tomen a nivel nacional.

Hacen falta reglas claras sanitarias para comicios

El catedrático de la UASLP y analista político Pedro Olvera Vázquez, consideró que se debe convocar a una reunión en la que se logre un acuerdo y pacto entre partidos políticos, participantes del proceso electoral, consejeros y autoridades electorales; además de las autoridades sanitarias, para establecer reglas claras para los eventos políticos que se están presentando en el marco del proceso electoral 2020-2021, bajo el contexto de la pandemia por COVID-19.

Olvera Vázquez, quien participó como panelista en el foro Delitos electorales, marco jurídico de actuación de las autoridades municipales, organizado por la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), dijo que las autoridades sanitarias deben estar involucradas activamente en las cuestiones electorales por la pandemia y establecer reglas claras, como por ejemplo mediante acuerdos para que en reuniones político-electorales haya un máximo 20 personas, o que de plano no se hagan reuniones, pues esta es una circunstancia complicada de salud que no puede esperar más ni tomarse con seriedad.

Se abren más caminos para que mujeres participen en política

Al realizarse el tercer conversatorio La implementación de las reformas legales en materia de violencia política en razón de género, las panelistas coincidieron en que la incorporación de esta figura en la legislación federal ayudará de manera notable a las instituciones en la resolución de todos los casos que sean presentados por mujeres postulantes en el proceso electoral.

Expresaron que la situación de la inclusión de la mujer en otros espacios además del político, se ha visto mermado debido a la continua discriminación de este género en todos los ámbitos sociales, y “lamentablemente no existe un equilibro de roles de manera real, pues algunas veces todo se queda en espacios privados”, consideraron las panelistas.

Al inicio del evento, la presidenta del Ceepac, Laura Elena Fonseca Leal, dijo que con las adecuaciones legales sobre la violencia política de género en la legislación federal, se abre un gran camino para las mujeres que decidan contender para los diferentes cargos de elección.

Delitos electorales son penados hasta con 9 años de prisión

El fiscal especializado en Materia de Delitos Electorales, Javier Montalvo Pérez, advirtió que conforme al artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales señala que se impondrán de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición; condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición. Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo.

Mónica Rangel no descarta su participación en las elecciones del 2021

La secretaria estatal de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, cuestionada sobre su futuro político dijo que aunque su intención es ser leal al Partido Revolucionario Institucional (PRI), tampoco descartó ir con Movimiento Regeneración Nacional (Morena), si le ofrece la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí.

Señaló que “si se da la oportunidad, si se dan las condiciones, por supuesto, claro que sí”, y aseguró que esto significaría “seguir sirviendo y seguir trabajando” dentro de la parte personal e institucional, “yo creo que eso es algo que ninguna persona que tenga la capacidad, las ganas y que tenga la posibilidad de hacerlo, lo rechazaría”.

Rangel Martínez reconoció que siempre ha apoyado al partido y dijo pertenecer al PRI, “pero yo creo que aquí lo importante es lo mejor para San Luis”, dejando en evidencia su apertura por la eventual representación de otro partido.

Servidores públicos deben abstenerse de asistir a mítines en días laborales

Yolanda Pedroza Reyes presidenta del Tribunal Electoral del Estado, explicó que hay criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la asistencia a actos proselitistas, y que hay una tesis que dice que los servidores públicos deben abstenerse de acudir a eventos proselitistas en días hábiles, de conformidad con lo previsto en el artículo 134 párrafo séptimo de la Constitución Mexicana.

Pedroza Reyes consideró que la obligación constitucional de los servidores públicos es observar el principio de imparcialidad que encuentra sustento en la necesidad de preservar condiciones de equidad en la contienda electiva, esto quiere decir que el cargo que ostentan no se debe utilizar para afectar los procesos electorales a favor o en contra de algún candidato o partido político.