Las disposiciones legales obligan al Ejecutivo del Estado a presentar una glosa de su informe anual rendido ante el Congreso del Estado a fin de ampliar con detalles el contenido de un extenso documento que el gobernador Juan Manuel Carreras entregó en septiembre pasado. Pero no solamente se da el caso de que los comparecientes, titulares de las dependencias del propio Ejecutivo, son tratados con majaderías por los legisladores exhibiendo que ni siquiera leyeron el documento entregado por el gobernador, sino que no proceden a dictaminar con sustento el multicitado informe a fin de aprobarlo. Hasta hoy, el rechazo no ha ocurrido.
El pasmo que causan las expresiones altaneras de algunos legisladores representa un protector para los legisladores, habitualmente acostumbrados a no documentarse para estar al tanto de lo que se le rinde en materia de información. Como Poder Legislativo, el Congreso del Estado dispone del órgano técnico para auditar las acciones de gobierno en varios renglones y está facultado para presentar las denuncias ante la autoridad que el propio Congreso está facultado para escoger a sus titulares y nombrarlos, como es el caso de la Fiscalía Anticorrupción. Todavía más, este año nombró una Contralora Interna de la Auditoría Superior del Estado para verificar que este órgano técnico trabaje conforme las disposiciones de auditoría lo señalan, pero le niega los recursos necesarios para que el vigilante del vigilante tenga con qué trabajar en revisar lo revisado.
Por si eso no fuera poco, algunos legisladores piensan que el órgano técnico es, al mismo tiempo, sancionador en temas penales y vuelven a demostrar ignorancia los señores diputados. Toca a la Fiscalía Anticorrupción someter a juicio a quienes resultan con responsabilidades en una auditoría vuelta a auditar. Dicen estar seguros de la existencia de “cochineros” y se limpian las manos con el órgano fiscalizador, como una irresponsable salida más fácil en estos casos.
Si alguien es cómplice de las irregularidades malamente denunciadas, son precisamente los diputados por no saber lo que hacen, por no interesarse en los asuntos del estado y por no crear las leyes que faciliten la sana administración de los recursos. No obstante, debe decirse también que buena parte del espectáculo recientemente visto en las comparecencias de la glosa sirvió para que algunos legisladores llamaran la atención con miras a su posible participación en los procesos electorales del año próximo. Además, es de extrañarse que la Secretaría General de Gobierno explique que la conducta altanera de los legisladores es similar a la sostenida por los legisladores federales cuando los funcionarios comparecen en su recinto de San Lázaro en la Ciudad de México.
El embrollo así ocurrido es la causa de que los esfuerzos por erradicar la corrupción en las estructuras gubernamentales no pasan de ser una buena intención cuyas consecuencias reales son difíciles de testimoniar en un futuro mediano. O se crea un nuevo marco jurídico, o la glosa de los informes del Poder Ejecutivo seguirá siendo motivo para el escándalo en las comparecencias.
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