Europa exige regulación para los alquileres turísticos

La polémica de los alquileres vacacionales a corto plazo, conocidos por sus siglas en inglés STHR (Short Term Holiday Rentals) sigue en el punto de mira.

El pasado jueves 17 de septiembre, representantes de varias ciudades se reunieron en París con Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, para denunciar un marco legal que consideran obsoleto.

Son 22 ciudades europeas las que se han unido para instar a la Unión a adoptar una normativa más estricta que regulase Airbnb y otras plataformas de alquiler vacacional a corto plazo, pues consideran que la regulación actual “impide que los funcionarios tomen medidas enérgicas contra las plataformas web”.

Los alcaldes y representantes de las ciudades consideran que la regulación actual “impide que los funcionarios tomen medidas enérgicas contra las plataformas web” y demandan esa normativa más severa para contrarrestar el impacto dañino de los pisos turísticos en el mercado de la vivienda y hacer que los vecindarios sean más habitables.

Las 22 ciudades en cuestión son: Ámsterdam, Atenas, Barcelona, Berlín, Bolonia, Burdeos, Bruselas, Colonia, Florencia, Frankfurt, Helsinki, Cracovia, Londres, Milán, Múnich, París, Oporto, Praga, Utrecht, Valencia, Viena y Varsovia.

HACIA UNA REGULACIÓN EUROPEA MÁS ESTRICTA

El aumento y la alta rentabilidad de los alquileres turísticos ha llevado a un patrón generalizado de alquileres de viviendas a largo plazo que se han convertido en STHR.

El impacto en los precios y en la oferta de viviendas asequibles es alarmante, especialmente en el centro de las ciudades. Los ciudadanos europeos expresan cada vez más sus preocupaciones sobre las molestias causadas por este tipo de alquiler.

Además, denuncian otros efectos adversos como: ruido, riesgos para la salud e incluso la lenta desaparición de las tiendas de conveniencia.

Son muchas las ciudades europeas que han adoptado medidas locales e impuesto restricciones a los pisos turísticos, pues según dicen “están desviando las viviendas del mercado inmobiliario asequible”.

Sin embargo, esta alianza de ciudades afirma que sin un marco normativo europeo, Airbnb puede seguir operando con una supervisión mínima, pues “es simplemente una plataforma para poner a las personas en contacto con los inquilinos”.

Apuntan asimismo que “las actividades ilegales de STHR son difíciles de contrarrestar, ya que las plataformas no comparten fácilmente sus datos con las autoridades locales. Los arrendamientos y plataformas implicados aún se benefician de un marco legal de la UE en gran parte ventajoso y obsoleto, establecido mucho antes del auge de la economía digital”.

En diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallaba rechazando la propuesta de París para obligar a Airbnb a registrarse como una empresa de alquiler de propiedades al uso.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, afirmó en un comunicado que “es hora de un nuevo enfoque regulatorio europeo que sirva ante todo al interés general, que es para nosotros la accesibilidad de la vivienda y la habitabilidad en nuestras ciudades”.

LA LEY EUROPEA DE SERVICIOS DIGITALES

Tras la declaración conjunta de estas 22 ciudades europeas emitida el pasado mes de marzo, los representantes de estos destinos turísticos clave han compartido propuestas con la vicepresidenta ejecutiva Vestager.

Los temas iban desde obligar a las plataformas a compartir datos relevantes, clave para cualquier sistema de control y ejecución eficiente; a responsabilizar a las plataformas por el contenido que muestran; para garantizar una mejor cooperación y el cumplimiento de las normas locales.

Así, estas ciudades están de acuerdo en que “la Ley Europea de Servicios Digitales presenta una oportunidad sin precedentes para que la Comisión Europea aborde estos desafíos”.

Y continuaron recalcando que “nuestras ciudades reconocen que el turismo es una fuente importante de ingresos y empleo para muchas personas y no se oponen a esta nueva forma de alquiler. Pero el alquiler turístico en casas particulares solo se puede realizar de manera responsable si se cuenta con la regulación necesaria”.

Las ciudades europeas confían en que Margrethe Vestager tenga en cuenta sus preocupaciones y trabaje para conseguir un marco europeo equilibrado y adaptado a las necesidades de los ciudadanos.

Tras la reunión, Vestager dijo que "una mejor cooperación entre las plataformas y las autoridades públicas será un requisito previo para la aplicación adecuada de la Ley de Servicios Digitales".

Por último, Vestager afirmó que todo ello “proporcionará un marco normativo moderno y armonizado, y tendrá en cuenta las necesidades de las administraciones nacionales y locales y el cumplimiento de las normas locales, al tiempo que proporcionará un entorno predecible para servicios digitales innovadores ”.