San Luis Potosí, SLP.- Ante la crisis que ha generado la pandemia de COVID-19, es comprensible que el Gobierno del Estado tenga problemas de liquidez financiera; y para superarla debe considerar además, los retos a los que se enfrentará en el Presupuesto 2021 y establecer medidas de contención del gasto, así lo consideró la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Salazar Báez.
La agencia calificadora Moody’s, advirtió que la reducción en las transferencias a estados y municipios previstas en el Presupuesto 2021 los dejaría sin liquidez, con déficit en sus balances financieros y menos recursos para infraestructura, la calificadora señala que el total de transferencias federales, incluidas las etiquetadas y no etiquetadas, disminuirán 5.2 por ciento el próximo año; además el Proyecto de Presupuesto 2021 prevé un recorte de 1.2 por ciento en las transferencias etiquetadas a estados y municipios, utilizadas para financiar programas sociales y proyectos de infraestructura.
Ante esto, Salazar Báez indicó que los ciudadanos están atravesando por una crisis aún más severa; pequeñas empresas se quedan sin ingresos y se ven obligadas a despedir a sus empleados, o en un escenario más grave, a cerrar sus negocios, lo que contribuye a que no haya pago de impuestos o no se realicen los trámites que normalmente se llevan a cabo, mermando la recaudación del estado, adicional a la reducción de las participaciones federales a que ha sido sujeto por parte del Gobierno Federal.
Con este panorama la legisladora consideró que la austeridad con la que se manejen los recursos públicos es importante en estos momentos; pero también la proyección de un presupuesto inteligente para el próximo año, que permita superar la crisis y asegurar los gastos prioritarios como sueldos, atención médica, seguridad e impulso a la economía de las y los potosinos.
Cabe destacar que la calificadora Moody’s recordó que 2021 es un año electoral en muchos estados y municipios, lo que podría acentuar las dificultades a medida que el relevo en la administración genere incertidumbre sobre la continuidad de las políticas públicas.
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