PARA ALGUNOS PARTIDOS políticos y sobre todo para la sociedad, las decisiones del Instituto Federal Electoral (INE) de cara a los procesos del 2021, no han sido muy bien vistas, tomando en cuenta que ante el panorama con la pandemia de COVID-19, no son momentos para improvisar y muchos menos para sacarse temas de la chistera al cuarto para las doce.
RESULTA QUE EL INE PRETENDE delinear un programa piloto que contempla considerar a las personas que por alguna circunstancia se encuentran en prisión preventiva, sin sentencia, a fin de que puedan ejercer su derecho tomando como modelo el programa de voto de mexicanos en el extranjero.
LA FALTA DE CLARIDAD DE ESTA intención ha generado una serie de opiniones encontradas, pues hay quienes aseguran que este programa debiera ser implementado para las elecciones del 2024 y no para el próximo año. Lo cierto es que aún no existe una certeza en torno a la fecha en que se pretende instaurar, en caso de ser factible.
AUNQUE TAMPOCO SE PUEDE perder de vista que fue en el marco de la reunión del Grupo de Trabajo de Procesos Tecnológicos del Instituto donde salió a relucir el tema, al explicarles a los representantes de los partidos políticos que el proyecto tiene como fin dar cumplimiento a un par de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que establece que se deben idear y establecer medidas para que las personas privadas de libertad sin sentencia puedan sufragar.
Con base en información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hasta junio se tenía registro de 73 mil 629 personas privadas de la libertad, procesadas en el fuero común, mientras que en el fuero federal eran 11 mil 636. Es decir, tendrían acceso al voto 85 mil 265 personas en caso de que se concretará esta pretensión.
EN MÁS DEL INSTITUTO NACIONAL Electoral, al menos 7 nuevos partidos que buscan alcanzar el registro para participar en las elecciones del 2021, recibieron como balde de agua fría la resolución de aplazar la decisión definitiva sobre su registro para los días comprendidos entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre.
DE ENTRADA LOS INSTITUTOS políticos que pretenden alcanzar el registro son Encuentro Solidario, Grupo Social Promotor, Redes Sociales Progresistas, Libertad y Responsabilidad Democrática, Fuerza Social por México, Fundación Alternativa y Súmate a Nosotros.
LA JUSTIFICACIÓN DE LA autoridad electoral fue muy clara al establecer que se pospuso porque en estos momentos existen cuatro procedimientos sancionadores “vinculados con posibles conductas antijurídicas cometidas por dichas organizaciones”, que se resolverán hasta el 2 de septiembre, se trata de dos indagatorias a Redes Sociales Progresistas, una a Encuentro Social y una más de Fuerza Social.
POR OTRA PARTE, YA LO advertíamos en este mismo espacio, ocurrió lo que tenía que ocurrir al interior del Congreso del Estado, donde los priístas recibieron agua de su propio chocolate al no haber alcanzado la mayoría de votos para sacar adelante la propuesta del Ejecutivo para elegir al nuevo Fiscal Anticorrupción y favorecer al joven abogado Felipe Aurelio Torres Zúñiga.
ERA DE ESPERASE QUE LA afrenta que recibieron los diputados panistas al haberles rechazado la iniciativa de reforma que pretendía darle autonomía financiera y legal a la Fiscalía Especializada para Hechos de Corrupción, se les iba a olvidar, “claro que no”, pues simple y sencillamente les cobraron la factura a sus homólogos del PRI.
AHORA LA TERNA FUE REGRESADA al Ejecutivo y tendrá que presentar una nueva, aunque tampoco podemos descartar que se pueda repetir a algunos de los perfiles que fueron propuestos y rechazados, pues de que existen intereses, claro que existen.
