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Gobierno debe respetar las inversiones energéticas ya que están protegidas por T-MEC: Coparmex

El Economista | 10/08/2020 | 23:10

Las inversiones energéticas están protegidas por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que si el gobierno intenta cambiar las reglas a empresas estadounidenses o canadienses, las compañías o incluso sus gobiernos pueden demandar a las autoridades mexicanas, advirtió Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
 
De acuerdo con El Economista, de Hoyos cuestionó que justo en el momento en que se necesita confianza para invertir y comenzar la reactivación económica, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ajustarse a la nueva política económica y energética para favorecer y fortalecer a las empresas del Estado, lo cual pone en entredicho la autonomía de estas instancias reguladoras.
 
El dirigente patronal mencionó que las nuevas salvaguardas del T- MEC no son tampoco, en relación al memorándum, un tema menor, porque la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá constituye una protección para las inversiones extranjeras en materia de energía que se realicen en nuestro país.
 
“El T-MEC es muy claro: la responsabilidad de proteger las inversiones que llegarán a Estados Unidos, Canadá o México corresponden a cada nación. Las inversiones energéticas están protegidas por el T-MEC, que preservó del tratado anterior el mecanismo del arbitraje internacional”, refirió De Hoyos.
 
El presidente de la Coparmex comentó que lo último que México necesita en un panorama tan complejo como el actual es entrar en un diferendo con nuestros principales socios comerciales. “El memorándum, no está de más decirlo, pondría en riesgo la nota soberana de inversión de nuestro país”.
 
Abundó que a raíz del memorándum, el presidente López Obrador ha diseñado una estrategia para hacerse del control total del sector energético. En última instancia, el Ejecutivo busca regresar a un modelo de estatización energética.