No hay salidas sin tapabocas

La argumentación más insulsa que he escuchado respecto del uso obligado del cubrebocas en estos momentos de pandemia acelerada, quiere convencernos de que la autoridad no puede obligar su portación a todos quienes transitan en la vía pública por cualquier motivo o razón. Ahora que el Benemérito de las Américas inspira las acciones de la 4T, viene a bien recordar que “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Justamente cuando no nos cubrimos la mitad del rostro estamos atentando contra la seguridad de los demás, estemos contagiados o no, seamos portadores asintomáticos o pre sintomáticos.

Evidentemente la posición de las autoridades municipales, quizá las directamente responsables de aplicar medidas estrictas respecto del uso obligado de cubrebocas, tiene un matiz político-electoral. Quieren aparecer como adalides de todas las libertades y los más respetuosos con las decisiones individuales con base a la responsabilidad que cada ciudadano, que cada persona debe mostrar cuando se trata de conservar la salud.

Tal parece que no hay forma de cambiar las cosas y mientras los políticos gobernantes se acogen a la libertad de cada quien como principio de gobernar, se olvidan que están en el lugar que ocupan precisamente para cuidar el bien común, conjunto de acciones que van encaminadas a la conservación de la vida. Si un sujeto se niega nomás por sus calzones a usar el cubrebocas en zonas de gran concentración humana, debe ser sancionado administrativamente y corporalmente porque no solamente pone en riesgo su vida sino la de los demás.

Pero, como decía el periodista José Luis Chávez Baeza, “aquí usted puede hacer lo que quiera, al fin que nadie le dice nada”. Justamente por eso es que nuestra entidad acaba de regresar al rojo intenso. Las primeras repercusiones tienen que ver con el descontrol de la autoridad sanitaria sobre la aplicación de los protocolos para reducir el contagio mientras se reanudan las actividades industriales, comerciales y de servicios.

El fracaso del retorno a las actividades no solamente es una gran responsabilidad de los ciudadanos desobligados que se niegan a cubrir el rostro con mascarillas o con cubrebocas, sino de los funcionarios que tienen el temor de perder simpatías porque la gente ya no quiere ni –en algunos casos- puede mantenerse en casa como lo pregonan las autoridades sanitarias otra vez.

Pero hay factores adicionales. El cubrebocas tiene un precio. Lo paga cada quien para protegerse. La producción de esos artículos –ahora de primera necesidad- ocupa a un número cada vez mayor de personas y empresas que encuentran una forma de mantener sus actividades cotidianas. Son una de las muchas formas de mantener la actividad económica en un nivel todavía bajo, pero viva. Pero nadie lo hace organizadamente. El gobierno y las autoridades sanitarias del estado son incapaces de generar normas de calidad para que quienes se dediquen a fabricarlos, cumplan con las normas mínimas de calidad y protección.

Otras muchas cosas están en el ámbito de las nuevas necesidades que nacen con la pandemia. Las máscaras protectoras con material plástico, los lentes protectores, etcétera, y ahora los tapetes sanitizantes. Todos, sin embargo, no son fabricados bajo la coordinación de las autoridades de salud, más entretenidas ahora en responder acusaciones de corrupción que, mientras son peras o son manzanas, les preocupan más que la salud de todos nosotros.

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