Opinión
Durante décadas, hemos escuchado diversos discursos prometiendo acabar con la corrupción; sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, los actos de corrupción en tiempos de la pandemia del covid-19, siguen siendo evidentes en el sector salud, que desafortunadamente parecen no tener fin, la epidemia de la corrupción es un virus que se fortalece con la impunidad y con las instituciones que no pueden ser capaces de aplicar correctamente las leyes, el uso de las nuevas herramientas tecnológicas como “blockchain” será una garantía de confianza, legalidad y transparencia, podrían aplicarse para vigilar el cumplimiento y transparencia en la aplicación de los presupuestos gubernamentales, asignación de recursos a obras y programas, transferencias fiscales, rendición de cuentas, etc.
La corrupción es una alteración que afecta el proyecto de nación, es un medio de concentración de riqueza indebida que debilita las instituciones públicas y promueve la desconfianza, históricamente ha sido el peor de los males para la economía mexicana, cuya afectación directa se refleja en una disminución de los flujos de comercio e inversión extranjera, la corrupción impide la libre competencia porque no permite que las operaciones se lleven a cabo en igualdad de condiciones, el caso Odebrecht es el testimonio de escándalo internacional más reciente de la red de corrupción que hay en América Latina, conformada por una larga lista de funcionarios públicos involucrados incluidos algunos personajes de nuestro país. Sin embargo, sería oportuno preguntarse, si sabemos que esto afecta a todos, ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos para evitarla? manifestar nuestro descontento en redes sociales, ante grupos de amigos, profesionales, no es suficiente, ni tampoco haciendo marchas espectaculares en las principales avenidas. La solución radica en generar una cultura de la legalidad donde los ciudadanos nos comprometamos a respetar las leyes y a propiciar una sociedad justa con valores éticos, respeto a las libertades y a los derechos humanos. El filósofo estadounidense John Dewey decía “La democracia es un ideal moral, una forma de vida que debemos ejercer en nuestras prácticas cotidianas”, es inaceptable que la corrupción se haya convertido en algo cotidiano por los ciudadanos; tal aseveración nos conduce a redirigir nuestras conductas y comprometernos a promover en todos los ámbitos de nuestra vida ciudadana una cultura de la legalidad.
El tema del combate al cohecho y la corrupción se han convertido en una exigencia internacional, que impulsó a incorporar el capítulo 27 Anticorrupción dentro del nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, cuya entrada en vigor fue el pasado 1º. De Julio del 2020. Resulta oportuno mencionar que la inclusión de este ordenamiento será clave y beneficioso para nuestro país, ya que las acciones que se emprendan fortalecerá su imagen internacional en el combate a la corrupción, generando un mejor clima de negocios y condiciones para atracción de inversión extranjera directa (IED).
Bajo este escenario, no solamente es una tarea que deberá emprender el gobierno federal, sino también le compete al sector empresarial, ya que ambos deberán prepararse para poner en práctica y fortalecer la integridad corporativa de sus organizaciones, en este sentido, veremos una mayor participación de especialistas en el tema del “Compliance Anticorrupción”, cuya misión consistirá en evaluar la existencia de documentos clave como son: manuales de organización y procedimientos, sistemas de denuncias internos y externos, sistemas de control y vigilancia de integridad, procedimientos de capacitación del personal, políticas de recursos humanos, mecanismos de transparencia y finalmente códigos de conducta.
El tratado contempla medidas específicas para el sector público, tales como: seleccionar y capacitar a funcionarios públicos en puestos vulnerables a la corrupción, promover la transparencia en el ejercicio de la función pública, identificar y gestionar los conflictos de intereses, proporcionar declaraciones patrimoniales y facilitar el reporte de los actos de corrupción. Para el sector privado se establece el compromiso de incentivar a las empresas en programas de cumplimiento para identificar y combatir la corrupción dentro de sus estructuras.
De acuerdo con el índice de percepción de corrupción 2019 publicado por Transparencia Internacional, dentro de la tabla de posiciones nuestro país ocupa el lugar 130 de 180 posiciones, Canadá está en la posición 12 y Estados Unidos de Norteamérica en la posición 23, indudablemente esto representará un importante desafío del gobierno federal por frenar la corrupción y cohecho.
Es relevante mencionar que México deberá reforzar su legislación e instituciones contra la corrupción, ya que Canadá y Estados Unidos, podrían activar el mecanismo de solución de controversias, cuando observen que afecta el comercio o la inversión a las partes. Lo cual podría tener un impacto importante para nuestro país, ahora debemos tener presente que, si comparamos los tres países, desafortunadamente somos los más corruptos. Lo cual es lamentable.
Concluyó mi columna, compartiendo con usted una fórmula planteada por Rousseau:
“Construyan, ciudadanos, y tendrán lo que necesitan”
Lic. Y M.C.I. Rafael Munguía Garduño
Especialista en impuestos y comercio internacional
Asesor, columnista, conferencista y promotor cultural.
rm.asesor.fiscal.legal@gmail.com
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