Pandemia, excusa para volver a la opacidad

San Luis Potosí, SLP.- Las administraciones públicas siempre han sido señaladas por la falta de cumplimiento en transparencia, pero durante este periodo de contingencia sanitaria por el COVID-19 se agudizó, ya que la crisis sanitaria obligó a suspender los plazos administrativos, entre ellos la solicitud de acceso a la información pública, aunque no se limitó la voluntad de los entes a informar y comunicar aspectos de interés.

Así, aunque se ha estado trabajando con ciertas limitaciones o desde sus viviendas, no han dado respuestas a las peticiones de la población; un ejemplo de ello es que este reportero desde el mes de marzo realizó varias solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, a diferentes instancias de San Luis Potosí, únicamente el Congreso del Estado contestó; de cuatro solicitudes realizadas no han contestado ninguna.

Tampoco a nivel local han sido respondidas las solicitudes, incluso la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado no contesta llamadas, todo esto amparado por el tema de la pandemia.

Congreso regularizará transparencia a partir del 16 de julio

La diputada Isabel González Tovar, presidenta de la Comisión de Transparencia, explicó que la Unidad de Transparencia ha tenido problemas con la información, incluso la que por obligación debe subir al portal.

Dijo que le reportaron que ya están al día con la información, pero la realidad es que no es así, y todo es por el tema de la pandemia; recordó que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip) emitió un acuerdo para que en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio se revise el cumplimiento de la entrega de la información y su publicación en el portal de transparencia, por lo cual en teoría se tiene hasta el 10 de agosto para cumplir.

González Tovar destacó que el último aviso que se tiene de la Cegaip es que van a reanudar actividades el 15 de julio, por lo cual si regresan el día previsto entonces el Congreso estaría desahogando todas las solicitudes que no han sido respondidas a partir del 16 de julio.

Problema en dos sentidos

Para Guadalupe González Covarrubias, de la organización Ciudadanos Observando, en el tema de transparencia los ciudadanos se enfrentan a dos problemas, por un lado los entes obligados que no están contestando, que ni siquiera atienden las respuestas; y los que sí las atienden pero están negando realmente la información.

"Así son, son constantes acciones para no entregarte lo que les pides, reservan información, te tratan de bloquear porque no tienen el compromiso de cumplir con la ley, entonces está en dos sentidos la situación para los ciudadanos", dijo González Covarrubias que apuntó que están negando la información poniendo pretextos, reservando la información, por lo cual para el ciudadano hay un constante problema.

Dijo que algunas dependencias están aprovechando este pretexto de la pandemia para no dar información, "les cayó como anillo al dedo" para no dar información; aunque dijo que en otros lugares como la Secretaría de Salud o el propio ayuntamiento de la capital, sí están contestando.

Transparencia en retroceso

Durante un foro virtual organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), especialistas coincidieron en que la pandemia ha demostrado que en el país no hay una cultura de transparencia consolidada.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, consideró que la transparencia está viendo retrocesos, pues se ve una acción lenta y burocrática de las autoridades en muchos países, incluido México.

¿Quiénes están obligados a transparentar su información?

De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en su Capítulo III, Artículo 23, establece que los entes obligados a transparentar su información pública, son cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes; Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, y municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal.