San Luis Potosí, SLP.- La presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, informó que los municipios de Ciudad del Maíz, Ébano y Tampacán son los municipios que más pasivos tienen por laudos laborales, con un total de 81 millones 374 mil 245.07 pesos; apuntó que han sido muy recurrentes las quejas de las instituciones municipales, hablando precisamente de la ejecución de los laudos que hoy en día es uno de los lastres que más arrastran las administraciones municipales.
En esta lista de municipios con laudos le sigue Vanegas con 13 millones 807 mil 227.52 pesos; Armadillo de los Infante con 11 millones 890 mil 821.54 pesos; San Luis Potosí con 10 millones 475 mil 401.22 pesos; Ciudad Valles con 7 millones 103 mil 300 pesos; Tamazunchale con 7 millones 031 mil 745.50 pesos; Santa María del Río con 6 millones 169 mil 439.99 pesos; y Soledad de Graciano Sanchez con 6 millones 099 mil 641 pesos.
San Luis Potosí con mayores demandas laborales en 11 años
En cuanto a las demandas presentadas en un período de 2009 a 2020, San Luis Potosí tiene mayor cantidad de trabajadores, los municipios grandes por lo regular tienen más casos, pero también se pueden ver municipios pequeños como Alaquines, en ese transcurso tiene 93 demandas, aunque no son tantas como el municipio de la capital que tiene alrededor de mil 219 demandas en este periodo de tiempo.
Cervantes Gamboa apuntó que con esto no quiere decir que todas las demandas hayan repercutido en un laudo condenatorio, más bien son las demandas presentadas en dónde se han denunciado la violación a los derechos laborales.
Cambio de administración incrementa demandas laborales
Asimismo, destacó que aumenta el número de demandas presentadas con el cambio de administración, normalmente se viene manejando una cantidad de demandas, hasta que ya viene un cambio de administración, donde todo se agudiza, y más si el cambio de administración es de un partido diferente al que gobernaba; siempre hay un incremento de las demandas laborales y obviamente esto se ve repercutido en el erario público porque al final de cuentas alguna de estas demandas, en la gran mayoría, tendrán que acatarse a sus términos y condiciones y eso trae como consecuencia una erogación y recurso público que tiene que ser tomado de las mismas cantidades que el gobierno municipal maneja para poderlo aportar a este tipo de necesidades.
Ayuntamientos actúan con incoherencia
Finalmente Cervantes Gamboa mencionó que la efectividad de las sentencias depende de su ejecución, de tal forma que no sirve nada tener una sentencia muy bien hecha si no se puede lograr su efectiva materialización, y eso se tiene que realizar mediante la ejecución que, en gran medida, se tiene que hacer cumplir con la ejecución forzosa, pues la gran mayoría de las instituciones obligadas a cumplirlos nunca los acatan en los términos establecidos.
Esto deriva precisamente en la obligación que tienen los ayuntamientos de cumplirlos, es hasta cierto punto incongruente que siendo el ayuntamiento el ente encargado de tener el monopolio de organización política, debe ser en todo caso la personificación del Estado de Derecho que tiene que salvaguardar el mismo en toda la sociedad, sin embargo a veces resulta un poco incoherente o hasta absurdo que sea precisamente el TECA, como órgano jurisdiccional, el que tenga que ejecutar de manera coercitiva ese derecho que tienen los trabajadores de que se le respeten sus derechos declarados mediante el laudo.
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