¿CÓMO SE PUEDEN CONTRATAR 19 empresas fantasmas, depositarles 175 millones de pesos, utilizar al mismo número de supuestos competidores que también son inexistentes, alterar firmas de representantes y hasta de empleados de la Secretaría de Salud sin que la cabeza tenga conocimiento?
EN LA SECRETARÍA DE SALUD HA operado impunemente una red que quedó evidenciada en la investigación “Pandemia de corrupción”, realizada por la organización Ciudadanos Observando. Resulta que se detectaron 17 razones sociales y personas físicas con ligas y vínculos con Gabriel Salazar, “el príncipe del emprendimiento”, y dos con “la estafa maestra de Baja California”. ¿Pero qué tienen en común todas? Que extrañamente fueron creadas a finales de 2015 y durante 2016. Es decir, coinciden con la llegada de la actual administración estatal. Que, al visitar las direcciones fiscales, son viviendas particulares cuyos habitantes aseguran no conocer a las supuestas empresas o personas físicas. Que en las diversas actas constitutivas aparecen registrados socios que ni lo sabían y obviamente que recibieron millones y millones de pesos.
LAS IRREGULARIDADES EXISTEN EN todos los procesos, desde la constitución de las empresas ante los notarios públicos, el registro ante el SAT, en los procesos de compras y adquisiciones que, tras las evidencias, se entregaban en la Secretaría de Salud de forma burda los expedientes del que ganaba y hasta de sus competidores fantasma. Las firmas de quieren aparecen cotizando y como representantes de las razones sociales, así como en los millonarios contratos, son tan descaradamente diferentes como un ratón y un elefante.
SE DETECTARON VIVIENDAS donde se tenían registradas varias razones sociales y socios. Por medio de estas fantasmagóricas “empresas” se facturó de todo y con cantidades muy fuertes, desde mensajes en medios masivos de comunicación, brindis de bienvenida y extrañamente en 2018, cuando fueron las elecciones, aparecieron facturas de cangureras, bolsas, calendarios, posters y demás artículos. Todo un abanico de posibilidades.
ALGO QUE NO DEBEMOS DEJAR pasar es que estos 175 millones de pesos fueron depositados en cuentas bancarias ligadas a las 19 razones sociales y personas físicas mencionadas. Ya se comprobó que éstas realmente no existen, entonces ¿a dónde se fue el dinero o cómo lo fueron sacando de esas cuentas? Si son inexistentes, es obvio que los productos y servicios fueron alterados, manipulados y no existe nada que pueda justificarlos.
SIMPLEMENTE ESTE TERRIBLE caso no puede quedar impune y solo como una denuncia mediática. La Auditoría Superior del Estado y de la Federación, así como la Unidad de Inteligencia Financiera, tienen que realizar una investigación a fondo y proceder con las denuncias penales.
EL PRESUNTO DAÑO A LOS potosinos es de dimensiones descomunales y más al tratarse de la salud. La investigación referida asoma apenas una pequeña parte del verdadero fraude. Todo es cuestión de seguirle rascando y se irán conociendo más y más corruptelas.
