Armando Limón Hernández | 04/07/2020 | 15:08
En distintas entregas de este mismo espacio, hemos venido señalando los actos anticipados de campaña en que estaban incurriendo una serie de actores políticos que su único interés es el aparecer en la boleta durante los comicios del 2021 en San Luis Potosí.
Era claro que varios de nuestros políticos y algunos otros oportunistas, estarían aprovechando la crisis sanitaria que se presentó a consecuencia de la pandemia por el Covid-19, bajo el beneplácito de nuestras autoridades, pues era evidente que el Ceepac, estaba durmiendo el sueño de los justos, mientras que por otro lado, era clara la violación al artículo 134 de la Constitución, que habla sobre la promoción personalizada de servidores públicos; y en otra que es lo individual por actos anticipados de precampaña, y tiene que ver precisamente con los apoyos o distintas acciones que han emprendido algunas autoridades municipales o federales en estos días en que se tiene la pandemia.
Recientemente pudimos conocer que afortunadamente, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar con medidas cautelares a 63 funcionarios de elección popular de todo el país, entre ellos, a los diputados federales Ricardo Gallardo Cardona y Óscar Bautista Villegas, ambos del Partido Verde Ecologista de México, aunque este último es conocido por brincar a otros partidos, según sea su conveniencia o circunstancia cercana a los procesos electorales.
Seguramente es muy atractivo para varios suspirantes de nuestra política aldeana, el recurrir a diversos mañas para recurrir a la “promoción personalizada" con el pretexto de la pandemia de coronavirus, y es claro que a estos oportunistas se les puede observar con total desfachatez e incluso a través de las redes sociales, que son un mecanismo que será muy recurrido de cara a las elecciones del 2021.
No podemos perder de vista que la sanción del INE, fue aplicada a funcionarios de 15 entidades federativas, que incurrieron en la probable promoción personalizada a través de la entrega de bienes y productos a la ciudadanía durante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia provocada por el virus COVID-19. Además, dichas conductas fueron detectadas entre abril, mayo y junio de este año y fueron documentadas con publicaciones, notas periodísticas y fotografías aparecidas en medios de comunicación y redes sociales de los propios funcionarios.
Desgraciadamente nuestros políticos potosinos no han sido la excepción, pues en la actualidad se puede observar a presidentes municipales, hasta regidores, o diputados locales que buscan aprovechar la coyuntura para llevar agua a su molino. Aunque recientemente trascendió que desde el propio palacio de gobierno, se hizo la recomendación (a chaleco), para que la presidenta del Ceepac, Laura Fonseca Leal, actuara en consecuencia, aunque al parecer resultó contraproducente, pues lo único que se logró fue quitarle un peso de encima al alcalde de la Capital Xavier Nava, quien fue exonerado de una acusación en su contra.
Hay que recordar que en su momento, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Héctor Avilés Fernández, daba a conocer sobre la existencia de 20 denuncias presentadas ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo, únicamente contra dos actores políticos, uno de ellos un alcalde y otro un diputado federal, pues las quejas tenían que ver con actos anticipados de campaña y entrega de apoyos, aprovechando el tema de la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, como ya lo dijimos, “el alcalde se quito un peso de encima”.
No podemos perder de vista que San Luis Potosí, vivirá elecciones en el 2021, para renovar la gubernatura, las 27 diputaciones locales del Congreso del Estado (15 diputaciones de mayoría relativa, 12 diputaciones de representación proporcional) así como 58 presidencias municipales.
Sin duda es necesario que desde ahora las autoridades electorales establezcan con claridad su postura para hacer respetar la ley, pues es muy importante que como potosinos tengamos la certeza de organismos electorales fuertes que eviten en todo momento que se ponga en riesgo la gobernabilidad de nuestro San Luis Potosí.
Por cierto, la baraja política sobre los prospectos que buscarán la candidatura de sus respectivos partidos a la gubernatura del Estado, se ha ido incrementando semana a semana, pues de entrada al menos por MORENA, ya se menciona, al Secretario de Educación Federal, Esteban Moctezuma, al magistrado Juan Ramiro Robledo Ruiz; El coordinador de Proyectos del Bienestar, Gabino Morales, y el alcalde de Ciudad Valles, Adrián Esper Cárdenas.
Por el lado de PAN; se encuentran más que listos, el diputado local Rolando Hervert, el alcalde de la Capital Xavier Nava, el ex senador Octavio Pedroza, la diputada Sonia Mendoza, el legislador federal Xavier Azuara y Marcelo de los Santos Anaya.
Mientras tanto, en el PRI, ya se mencionan a algunos suspirantes que forman parte del primer círculo del Gobernador Carreras, entre los que se encuentra; Joel Ramírez Díaz, secretario de Educación; Daniel Pedroza, secretario de Finanzas, Gustavo Puente Orozco, secretario Desarrollo Económico y se sumó a la actual secretaria de salud Mónica Rangel.
Por el PVEM, la lista de prospectos la encabeza el legislador federal Ricardo Gallardo Cardona; quien seguramente buscará alianzas con otros partidos, pues hay quienes señalan que su jugada está centrada en alcanzar la nominación bajo el apoyo de MORENA, lo cual, no suena descabellado, tomando en consideración que en su momento le generó los votos suficientes en apoyo al presidente AMLO para lograr su cometido en torno a la reforma educativa.
Por lo pronto, son muchos los tiradores, pero pocos los que verdaderamente llegarán a la boleta, pero garantizar que todo transcurra en un marco de legalidad es necesario que desde ahora, las autoridades electorales, respondan a las necesidades de cuidar el proceso, antes, durante y después de la jornada electoral del 2021.
HASTA LA PRÓXIMA.