Sao Paulo.- La Amazonía brasileña empieza a revivir el drama del año pasado después de registrar 2.248 focos de incendio solo en junio, el mayor número registrado desde 2007 y que dibuja un escenario sombrío para los próximos meses de la temporada seca.
Según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) divulgados este miércoles, imágenes de satélite detectaron en junio un aumento del 19,57 % en el número de fuegos dentro del bioma con respecto al mismo mes de 2019, cuando hubo 1.880.
Junio es el segundo mes de una época seca que en el mayor bosque tropical del planeta, que ocupa el 60 % del territorio brasileño, se extiende hasta septiembre.
Entre mayo y junio, se reportaron 3.077 fuegos en la selva amazónica, un 12,5 % más frente a los mismos meses del año pasado, y y las previsiones para julio, agosto y septiembre son pesimistas después de los altos índices de deforestación registrados en este 2020.
"Desgraciadamente, el escenario que está diseñado a partir de las alertas de deforestación y de los incendios indica que estamos en una tendencia creciente enorme", dijo a Efe Rómulo Batista, portavoz de la campaña en la Amazonía de Greenpeace.
INCENDIOS Y DEFORESTACIÓN, DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA
Los incendios en la Amazonía, al tratarse de un ambiente extremadamente húmedo, no son fenómenos naturales y por regla general siempre son provocados por el ser humano, según Batista.
En este sentido, las quemadas en la selva pueden ocurrir en tres escenarios diferentes.
El primero de ellos como una forma de renovar los pastos y cultivos con la quema del sobrante o de los rastrojos.
También aparecen focos en áreas que han sido previamente desforestadas, uno de los grandes problemas que afronta la Amazonía y que se ha agravado en los últimos tiempos, especialmente desde que el ultraderechista Jair Bolsonaro llegó al poder en 2019.
Y por último como un instrumento en sí para desforestar zonas de selva más degradadas y secas, en las cuales el fuego puede prender y extenderse con mayor rapidez.
Las ONG ya habían alertado de que el avance preocupante en los índices de deforestación puede desembocar en una tragedia mayor que la de 2019, cuando las imágenes de los fuegos devastando grandes áreas de selva dieron la vuelta al mundo.
En 2019, la tala indiscriminada de árboles se disparó un 85 % hasta alcanzar los 9.165 kilómetros cuadrados, su mayor nivel desde 2016, de acuerdo con el INPE. Ese año se registraron cerca de 90.000 incendios, un 30 % más que en 2018.
La tendencia continúa en este 2020, pues, según un balance preliminar oficial, las alertas de deforestación en la Amazonía brasileña aumentaron un 22 % entre enero y mayo.
Informes de organizaciones medioambientales y de derechos humanos han indicado que detrás de una parte de la deforestación y los incendios hay redes mafiosas que comercian ilegalmente con madera, minerales y ganado, y amenazan a las comunidades indígenas.
En esos casos se sospecha que toda esa destrucción de la selva forma parte de un proceso delictivo que comienza con la ocupación ilegal de tierras y culmina, después de talar y quemar el área, con su transformación en campos de pasto para el ganado y cultivo.
Según estimaciones oficiales basadas en imágenes por satélite, alrededor del 62 % de las zonas taladas durante los últimos años en la Amazonía están ocupadas actualmente por pastos.
RIESGO DE BOICOT DE INVERSORES INTERNACIONALES
El desastre vivido en la Amazonía en 2019 desató las críticas de la comunidad internacional y la sociedad civil ante la inacción de Bolsonaro, quien defiende la explotación de los recursos naturales en toda la Amazonía, incluidas las reservas indígenas.
El gobernante llegó a poner en duda los datos oficiales de deforestación y se ha comprometido durante su mandato a no homologar más tierras indígenas.
Su cuestionada política medioambiental, que también incluyó recortes en el presupuesto de los órganos de fiscalización, ha puesto en riesgo la ratificación del acuerdo comercial que alcanzaron el Mercosur, del que Brasil forma parte junto con Argentina, Paraguay y Uruguay, y la Unión Europea (UE) el año pasado.
Además ha llevado a una treintena de importantes fondos internacionales a alertar al Gobierno de que revisará sus inversiones en el país en caso de que no se adopten medidas para detener la destrucción en el Amazonía.
Una de las últimas polémicas la protagonizó el ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, quien en una reunión hecha pública por el Tribunal Supremo sugirió flexibilizar algunas normas relacionadas con su área, aprovechando que la prensa estaba centrada en la pandemia de coronavirus.
"Este Gobierno no tiene ningún tipo de plan política ambiental, tiene una política anti-ambiental y está concretándose en el suelo de la Amazonía", criticó Batista.
El Ejecutivo ha intentado cambiar su imagen con la recuperación del Consejo Nacional de la Amazonía, que dirige el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, y el envío de tropas del Ejército para perseguir los delitos en la región, pero los datos muestran que hasta la fecha esas iniciativas no han dado grandes resultados.
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