A PARTIR DEL PRÓXIMO MES DE octubre dará inicio el proceso electoral en San Luis Potosí para renovar dos de los tres poderes del estado así como los 58 ayuntamientos y los siete distritos federales cuyos elegidos irán a San Lázaro en nuestra representación. La fecha es significativa porque iremos apenas saliendo de la pandemia producida por el COVID-19 y la reactivación económica será apenas un primer intento de regresar a la Nueva Normalidad, que con insistencia se menciona.
PREVIAMENTE, EL PRESIDENTE DE la República emite una declaración inesperada. Su vigilancia para garantizar que no haya fraudes electorales ni se toleren irregularidades que modifiquen la voluntad popular expresada en las urnas. La oferta no se entiende si antes no pensamos en que el fraude electoral es todavía una posibilidad a la que partidos o agrupaciones pudieran acudir con tal de ganar las elecciones, por encima de la voluntad del votante y de espaldas a las leyes y normas que está obligado a aplicar el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
SI EL PRESIDENTE DE LA República supone que el INE no es la entidad capacitada para calificar y validar el resultado de las elecciones del año próximo, no es su vigilancia el garante de que las elecciones serán apegadas al interés de los votantes. Poner dudas anticipadas sobre la autoridad electoral y suponer que los consejeros de esa institución son incapaces de aplicar las leyes y disposiciones vigentes, es evidentemente una intervención anticipada en los procesos electorales.
ANTES DE NINGÚN JUEGO deportivo se ha visto que los equipos participantes acusen al árbitro de no aplicar bien las reglas del juego y menos aún que haya un tercero que no está invitado pero que dice ser vigilante de que las reglas se cumplan como marcan los reglamentos. Si esto pasara en un proceso electoral, el presidente de la República no podría negar, jamás, que metió las manos en el proceso y que seguramente lo hace desde ahora en favor de los intereses de su partido.
NO ES SOLAMENTE OFICIOSA LA vigilancia del presidente sino absolutamente innecesaria. Si la investidura presidencial no le alcanza para vigilar los procesos electorales, es porque en el pasado se dieron los casos en que, por la intervención de los mandatarios, se justificó la fundación del Instituto Nacional Electoral, con una presencia ciudadana que hasta el momento no ha sido acusada de tolerar los fraudes o de cometerlos. Las temerarias afirmaciones del presidente y de sus colaboradores más cercanos, no solamente carecen de respaldo verídico sino que son contrarias al sentir de la ciudadanía.
LA ADVERTENCIA, POR OTRO LADO, refleja también la desconfianza presidencial en conservar una mayoría en la Cámara de Diputados, indispensable para los fines de una transformación nacional, la cuarta, cuya oferta no alcanza sus primeros signos de materializarse. A las corrientes contrarias a los criterios gubernamentales no se les puede negar el derecho de buscar los mismos objetivos que el mandatario porque se trata de un juego democrático en el que las prácticas añejas no tienen justificación alguna.
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