El día de ayer, el gobierno federal informó que procederá penalmente en contra de 43 empresas fantasmas, las cuales se relacionan entre sí, comparten asimilados, representantes y accionistas y como ya se sabe, los gruesos de las operaciones facturadas son “servicios”.
Las diversas dependencias de gobierno han usado cientos de empresas fantasmas, porque es una efectiva forma para desviar millones de pesos y que hasta la fecha se ha mantenido impune, a pesar de ser un delito grave.
¿Recuerdan el escandaloso caso de los ex diputados locales? Estos por medio de empresas fantasmas y la falsificación de firmas desviaron cerca de 42 millones de pesos de recursos públicos. Resulta que este aberrante caso es pecata minuta si lo comparamos con lo que está sucedido en la Secretaria de Salud del gobierno estatal. Lo que detallo en el primer párrafo de esta columna es una descripción perfecta de lo que ahí acontece.
Así que esperemos se vaya a fondo y se pueda sancionar a quienes han dañado los recursos públicos, que no se permita más impunidad y que se de deje de encubrir y proteger a los altos funcionarios que durante años han realizado estos deplorables actos. Aquí la administración estatal está plagada de empresas fantasmagóricas.
¿LA UIF NO PUDO CON ROMERO CALZADA?
Si la nota de que se irá a fondo contra empresas fantasmas, es una buena señal para acabar con este terrible mal, por otro lado, surgen muchas dudas y se vuelve uno medio incrédulo. En enero del 2019, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que iban con todo contra el robo de combustible y huachicoleo. Señaló que estaba en la mira el ex diputado local priista José Luis Romero Calzada.
Se le incautaron propiedades y congelaron cuentas. Pero, siempre ese maldito pero, con el tiempo mediante amparos el imputado fue consiguiendo que se desbloquearan sus cuentas bancarias, se le regresaran propiedades y un año y medio después, al parecer Romero Calzada llegó a un acuerdo o supo muy bien cómo defenderse.
SE ACERCA LA HORA FATAL
Este día en el Congreso del Estado si no sucede algo anormal, se estará dando la negativa para que el gobierno del estado pueda alargar el pago de intereses hasta final de sexenio y utilizar aproximadamente 690 millones de pesos que obsesionadamente ha estado buscando.
Si los diputados se mantienen en su postura y no se arreglan en lo oscurito, la propuesta del gobierno será desechada. Las bancadas de Morena, Verde y el PAN públicamente ya manifestaron que votarán en contra, así mismo la diputada del PRD Isabel Tovar, Paola Arreola del PT y los diputados sin partido Pedro Carrizales y Emmanuel Ramos.
