El ataque a la sede del Congreso del Estado no es un hecho fortuito ¿O sí?

EL ATAQUE VIOLENTO PERPETRADO a la sede del Congreso del Estado la tarde del 5 de junio es un hecho que fue condenado por la sociedad, sin embargo conforme transcurre el tiempo también ha dejado una serie de interrogantes sobre el origen que llevó a un grupo de inadaptados a realizar estos actos vandálicos, sin que al parecer existe la mínima voluntad de que sean sancionados.

DE ACUERDO A LAS LÍNEAS DE investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Federico Garza, se arroja que evidentemente no fueron hechos fortuitos sino que estaban debidamente planeados, sin embargo, el meollo del asunto estriba en quién o quiénes estaban interesados en generar un clima de inestabilidad social y política.

DE ENTRADA, PODRÍAN SER muchos los responsables no sólo de la violencia y actos vandálicos, sino de la omisión y negligencia al no haber actuado de manera oportuna, pero también es cierto que serán muy pocos los responsables de estos actos que dejaron al descubierto lo endeble que puede estar la sociedad ante la falta de una correcta aplicación de la ley.

SEGURAMENTE LOS QUE SABEN de estos temas recomendarían que el asunto de los destrozos ocurridos en la sede del Congreso del Estado, se debieran observar desde dos vertientes, primero la de fondo y luego de la de forma, pues es claro que estos hechos tienen actores materiales, pero también intelectuales.

ADEMÁS ES URGENTE QUE LA Fiscalía General del Estado avance en las investigaciones y dé resultados a la brevedad posible, para evitar especulaciones e invenciones que puedan desvirtuar lo que verdaderamente ocurrió ese viernes 5 de junio en el primer cuadro de la ciudad.

HAY ESPECIALISTAS EN LA materia que han cuestionado el por qué no se abordó el tema bajo la figura de actos de terrorismo, considerando que el Código Penal establece que el uso de cualquier tipo de explosivos, sustancias peligrosas o que por cualquier otro medio violento realice actos en contra de personas, las cosas o servicios al público y que produzcan alarma o alteren la paz pública, son definidas como terrorismo.

TAMBIÉN ES BUENO NO PERDER de vista que por el lado de las autoridades, salieron a la palestra pública el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal; y de Seguridad, Jaime Pineda, quienes tuvieron la oportunidad de haber actuado mediante los protocolos establecidos para hacer frente a este tipo de movilizaciones violentas.

POR CIERTO, EXISTEN especulaciones de los mal pensados, que advierten que el contagio por COVID-19 del secretario general Alejandro Leal, le vino en el momento más oportuno, luego de los señalamientos sobre su omisión y posible protección a los autores materiales de los actos vandálicos en el Congreso del Estado, pero eso es mera especulación.

HAY QUE RECORDAR QUE EN UN principio se señaló al diputado Pedro Carrizales Becerra, mejor conocido como "El Mijis", de haber tenido algún tipo de vínculo en estos hechos mediante la participación de gente muy cercana a él. Aunque de manera inmediata se desligó y señaló que si bien había advertido sobre algunos actos que realizaría para dejar entrever los actos discriminatorios de sus compañeros legisladores, nunca se refirió a hechos vandálicos en perjuicio de edificio del Congreso del Estado.

TAMPOCO SE PUEDE PERDER DE vista que durante los acontecimientos de aquel viernes violento, se logró la detención de 12 personas por los disturbios, sin embargo 8 fueron liberados debido a que únicamente enfrentaron acusaciones por alteración del orden público. Tres de ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado: Claudia H de 23 años; Jessica G de 22 años; y Ángel G de 19, mientras que uno más, Iván G., de 18 años, fue consignado a la Fiscalía General de la República por daños a la institución del Congreso del Estado y ultrajes a la Bandera Nacional.

PARA SORPRESA DE LA SOCIEDAD, el juez Mario Daniel Torres Humara emitió una resolución para vincular a proceso a los imputados dándoles la oportunidad de que enfrenten su proceso en libertad, es decir que desechó la prisión preventiva para los detenidos a quienes se les imputaban los delitos de motín, daño a las cosas y daño a las cosas equiparado, más el agravante de exposición de peligro de la vida por el uso de explosivos.

LO ANTERIOR GENERÓ UNA GRAN molestia por el lado de los diputados, por lo que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rolando Hervert Lara, presentó un recurso de apelación contra la decisión del juez, además anunció que se presentará juicio político contra el juez que no valoró que debía ejecutarse la prisión preventiva que procedía.

ES CLARO QUE HAY MUCHA TELA de dónde cortar, sobre todo si consideramos que de parte de los grupos sociales y activistas se ha publicado sobre la existencia de un joven de nombre Sebastián Domínguez N. como uno de los supuestos responsables de haber azuzado a los manifestantes para generar disturbios en contra de edificios públicos, y lo más grave, que se le vinculó con el PAN. Aunque de entrada lo más importante de nuestras autoridades es que se dé y se sancione a los responsables de estos acontecimientos, pues de lo contrario la impunidad será el gran ejemplo para volver a registrar este tipo de conductas que podrían terminar en hechos que lamentar.

HAY QUE DEJAR EN CLARO QUE “no estamos en contra de la libre manifestación e incluso la movilización que de origen tenía el objetivo de exigir justicia ante un acto de abuso policiaco ocurrido en Jalisco. Lo que no se puede permitir es que estos eventos se conviertan en actos vandálicos y de una barbarie descontrolada que puede poner en riesgo la integridad de terceros”.