Nuestro implante de violencia

Hemos vivido, en los días recientes, un proceso de violencia implantada que atemoriza al vecindario de zonas en las que permanecieron durante un tiempo impreciso, grupos de personas cuya actividad es todavía un misterio, aunque se intuye por el tipo de agresión que les causó la muerte, que tuvieron vínculos que les marcaron su destino.

Con ello quiero decir que de alguna manera somos ajenos a ese proceso de violencia y que mientras la vida e intereses de ciudadanos honestos no se vean perjudicados, la autoridad debe dirigir sus pasos a la protección de la población que no está involucrada en actividades de otro orden.

Sin embargo, no se puede negar que la autoridad tiene en el fondo de sus funciones la de salvaguardar el orden y la tranquilidad de la gente, de toda la gente. Pero una autoridad que desconoce el trasfondo de los hechos y que carece de medios preventivos para evitarlos, evidentemente debe disponer de una estrategia y de un plan para que los hechos que el secretario general de gobierno califica como aislados, no afecten a la población en general ni a personas inocentes.

No me parece propia una propuesta de tener dos varas para medir delitos cuya comisión tiene efectos iguales, solamente porque tienen causas distintas. No es viable ni posible aplicar dos tipos de leyes en episodios como los que hemos vivido recientemente. La autoridad no puede emitir criterios a partir de un supuesto “aislamiento” de los hechos para considerarlos ajenos.

Ciertamente son hechos diferentes a los cotidianos, que por lo mismo deben ser considerados aparte, pero a partir de la obligación de la autoridad para proteger las vidas de quienes no estamos en un círculo de actividades delictivas que ni siquiera percibimos con claridad, aunque no negamos su existencia.

¿Es deber de la autoridad reclamar a los grupos en pugna que no nos metan en su pleito? No lo sé. Tal vez así debía de ser, pero las obligaciones marcadas en la ley son otras y no creo que a partir de ellas alcancemos soluciones prontas y definitivas. No somos un punto aislado en el mapa nacional y nuestra vía pública es tan libre como cualquier otra del país. Su vigilancia y protección corresponde al sector oficial, pero eventualmente podemos estar en riesgo cuando la transitamos.

Si hemos de creer la afirmación de los funcionarios de gobierno en el sentido de que se trata de hechos aislados, cabe solicitar la aclaración de si el aislamiento de esos hechos se debe a que están desvinculados del contexto social en que vivimos, o si el aislamiento es temporal, es decir, que no caracterizan la conducta de los habitantes de nuestro estado. Puede uno aceptarlo, pero de ninguna manera dejar de sentir el temor porque su repetición los vuelva cotidianos en el futuro.

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