Miguel Ángel Guerrero | 24/05/2020 | 17:28
Ahora que saltó a la polémica la propuesta de que el gobierno del estado venda los invernaderos de Santa Rita Con el fin de allegarse los recursos necesarios para hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia del coronavirus y no tener necesidad de recurrir a un préstamo por 700 millones de pesos para ello con todo y que es una de las propiedades de la administración estatal más rentables por los millonarios ingresos anuales que reditúa, con todo y que no queda bien claro el destino que tienen vale la pena que el gobernador Juan Manuel Carreras López piense bien sobre si es conveniente deshacerse de un bien estatal que a pesar de todo parece estar funcionando económicamente bien pues la historia indica que aunque el gobierno es mal empresario también es mal vendedor de sus bienes pues, que se recuerde, ninguna venta de este tipo salvó al gobierno de una mala situación económica y sí al contrario, vio disminuidos sus haberes.
Por ejemplo, todavía se recuerda cómo de manera inexplicable durante el mandato de Leopoldino Ortiz Santos se vendió a un grupo empresarial de Monterrey la juguera de Huichihuayán solicitada por décadas por los productores citrícolas de la zona en una época en la que el gobierno no enfrentaba apremios económicos como los que carga el actual y nunca se supo cómo se compensó a esa zona de la huasteca con los ingresos obtenidos por esa venta concertada, precisamente por el entonces titular de desarrollo industrial, el empresario Jacobo Payán Latuff ya apuntado ahora como aspirante a comprador del complejo hortícola de Santa Rita y ahora propietario de un boyante invernadero en los límites con Guanajuato.
Otro bien estatal que se ha ido vendiendo en partes de cuyos ingresos poco se ha sabido, son los terrenos de la zona industrial.
Desde el tiempo del profesor Carlos Jonguitud Barrios con el extinto don HeppoMahbub como encargado del desarrollo industrial comenzaron a venderse los predios de la zona a las empresas que venían a instalar sus plantas a un precio fijado en salarios mínimos o según ha trascendido, a un costo establecido a discreción por el funcionario en turno encargado de venderlos.
Dicho sistema vino a contaminarlo o a enturbiarlo el amiguismo y los compadrazgos para dar paso a la especulación y a hacer negocios con algunos terrenos como es el caso de dos que tiene conocimiento esta columna dizque empresarios que desde hace varios años se ostentan como propietarios de predios bastante amplios que les fueron concedidos, que no vendidos, por su amistad con el gobernador que estatal de por allá de los ochentas solicitados con el pretexto de que los necesitaban para la ampliación de sus empresas, lo que nunca hicieron y no podrán hacer pues uno de ellos ya murió el que hizo varios intentos de venderlo para salir de una apremiante situación en que se encontraba antes de fallecer mientras el otro tiene abandonado el terreno ante la falta de capacidad para ampliar el presunto negocio que tiene.
Entre las cláusulas para la venta oficial de estos terrenos se establece que al no utilizarlos para los fines planteados al cabo de un tiempo establecido el gobierno podría retomarlos como propiedad y terrenos sin uso empresarial en la zona industrial hay muchos de grandes extensiones sin uso productivo que inexplicablemente no han sido recuperados por el gobierno pese a que tiene facultades legales para hacerlo, lo que bien ilustra lo dicho por cuanto a que el gobierno es tan mal empresario como mal vendedor por lo que no parece haber necesidad de comprobarlo de nuevo.