Entre ocurrencias de coyuntura te veas

AHORA RESULTA QUE A LA mayoría de los legisladores les salió el lado bueno para impulsar reformas en materia de salud, posiblemente algunas de ellas con sentido, pero otras es evidente que están llenas de ocurrencias de coyuntura y lo más grave, que pareciera que nuestros diputados (as) sólo tienen la intención de llevar agua a su molino con miras a las elecciones del 2021.

SI BIEN ES CIERTO QUE LA pandemia por el COVID-19 es una enfermedad y un virus totalmente desconocido, sí requiere del esfuerzo de todos nosotros para salir adelante. Además, también es cierto que los legisladores están privilegiando colocarse en el mapa “mediático”, con una serie de iniciativas que no resuelven de fondo la problemática que se está presentando durante esta crisis sanitaria.

AUNQUE TAMPOCO PODEMOS pasar por alto que, al menos en San Luis Potosí, sí se requiere sancionar las agresiones al personal médico que arriesga sus vidas por el cuidado de la población en general, por ello resulta interesante la iniciativa para reformar el Código Penal que planteó el diputado Eugenio Govea, y que propone sancionar a quien cometa actos violentos o agresivos durante el periodo de una emergencia sanitaria en el Estado de San Luis Potosí, con la aplicación de una pena de prisión de hasta 9 años, y sanción pecuniaria de hasta 450 UMA, es decir 39,096.00 pesos.

OTRO QUE PLANTEÓ UNA iniciativa similar es el priísta Martín Juárez Córdova, quien señaló que es necesario tipificar de manera clara y contundente, el crimen de odio en razón de la profesión o trabajo hacia los trabajadores de la salud, quienes hoy luchan de manera comprometida por preservar la salud de la ciudadanía, no sólo expuestos al contagio, sino a la intolerancia y discriminación de la gente. Aquí planteó penas de 3 a 5 años de prisión y multas de mil a mil 500 Unidades de Medida y Administración (UMA), además que los casos sean perseguidos de oficio por las autoridades correspondientes.

MIENTRAS TANTO, LA DIPUTADA Rosa Zúñiga presentó una iniciativa a la Ley de Salud, donde plantea que el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos en coordinación con las dependencias y entidades públicas correspondientes, suministrarán y distribuirán raciones alimenticias en aquellas zonas en las que se padezcan desastres originados por sequías, inundaciones, terremotos y otros fenómenos naturales o contingencias con efectos similares, pudiendo disponer de recursos extraordinarios para ello, eliminando de ser el caso, gastos no indispensables de dependencias públicas o áreas administrativas, para destinarse en beneficio de los ciudadanos.

QUIEN SALIÓ UN TANTO RASPADO con su iniciativa fue el diputado Cándido Ochoa Rojas, pues su intensión original era establecer el aislamiento obligatorio durante el desarrollo de una contingencia sanitaria, sin embargo, las críticas de especialistas en la materia lo obligaron a recular y hacer algunas correcciones que le permitan ser más claro sobre sus argumentos y dar atribuciones a las autoridades de salud para establecer un control más claro en torno a las personas que sean detectadas con un contagio.

QUIEN DE PLANO NO SE MIDIÓ fue la legisladora priísta Rosario Sánchez Olivares, quien tuvo la magnífica idea de impulsar un punto de acuerdo que, obvio no pasó, pero que buscaba exhortar a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoria Superior del Estado, a que violentara la propia Ley.

EN POCAS PALABRAS, EN SU justificación la legisladora, establecía que la ASF y la ASE, dentro de sus atribuciones legales pudieran diseñar un manual o estrategia jurídica, con la finalidad de que puedan visualizar ante esta emergencia sanitaria, los distintos usos en los que se pudiera aplicar, por parte de los ayuntamientos, los recursos de los ramos 33 y 28, en apoyo para mitigar el problema de salud que implica el COVID-19.

AL PARECER A LA LEGISLADORA SE le olvidó que existen reglas claras de orden federal que ya están debidamente establecidas para aplicar los recursos de los ramo 33 y 28. Por Dios, de que necesitan una buena asesorada, la necesitan; pues con ello se estarían acabando las ocurrencias de temporada.

TAMBIÉN HAY QUE RECONOCER que por primera vez en la historia, el Congreso del Estado de San Luis Potosí sesionó mediante videoconferencia, para cumplir las medidas de prevención y sanidad con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19, donde participaron los 27 legisladores.

ESTO HABLA MUY BIEN DE TODOS, sin embargo esperamos que sean consientes y eviten caer en la tentación de utilizar este mecanismos tecnológico para lucimientos personal o protagonismos que sólo generan un mayor malestar para la controvertida imagen de nuestros legisladores.