Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, solicitó al Senado abrir una investigación contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, por 10 ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías estatales.
Asimismo, pidió la renuncia del Fiscal, Irving Barrios Mojica, y del secretario de Seguridad Pública del estado, el vicealmirante Augusto Cruz Morales:
“Vengo de Tamaulipas, estamos haciendo un exhorto al Senado de la República, particularmente a los senadores del estado, para que inicien una investigación contra los funcionarios citados, por una serie de ejecuciones extrajudiciales que han estado ocurriendo en esta administración y en donde, en su mayoría, existen tres elementos muy graves, primero que se trata de ejecuciones arbitrarias, segundo la criminalización de las víctimas y tercero, la impunidad”, expuso Ramos.
Añadió que los responsables han sido liberados de manera cómplice, para que no puedan ser presentados ante las autoridades judiciales, y enlistó los casos donde han participado elementos estatales, en los cuales la Fiscalía General del Estado no ha concluido carpetas de investigación.
El primer caso fue el 30 de marzo de 2018, en Reynosa, Tamaulipas, en el que policías estatales le dieron muerte a Rafael Montoya Rosales, plomero de 48 años. El asesinato fue a plena luz del día.
El segundo, documentado por el Comité de Derechos Humanos, fue el 5 de septiembre de 2019 en Nuevo Laredo, en el Fraccionamiento Valles de Anáhuac, cuando agentes especiales y de la policía estatal detuvieron a ocho personas en dos domicilios.
Eran cinco hombres y tres mujeres, quienes horas después aparecieron ejecutados en el fraccionamiento Valles de Anáhuac, vistiendo uniformes tipo militar, con armas de fuego sembradas y con tiro de gracia.
Por último, el pasado 8 de febrero, en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, agentes de la policía estatal privaron de la vida al ingeniero Juan Daniel Ortiz Martínez, quien fue ejecutado frente a vecinos, en presencia de sus padres.
“Los familiares están sufriendo problemas emocionales, de inseguridad y económicos. Las tres carpetas están ahí, pero las autoridades responsables no les han dado seguimiento a los casos y por lo tanto no hay justicia”, señaló Raymundo Ramos.
Como consecuencia de esto, tanto familiares como el propio defensor de derechos humanos han recibido amenazas de funcionarios del gobierno de Tamaulipas.
“Queremos reiterar como responsable principal al gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca”.
El Senado ya hizo un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se encargue de la investigación, pero hizo caso omiso y no inició una carpeta, y tampoco atrajo las pesquisas, enfatizó.
Esos policías estatales fueron liberados y se encuentran prófugos, “nada de eso hubiera sido posible si no tuvieran la protección de los tres funcionarios mencionados”, acusó el defensor de los derechos humanos.
Ramos indicó que revelar estas violaciones a la ley lo pondrá en riesgo y también a su familia:
“Por denunciarlo públicamente, pero otra vez es un llamado a la Fiscalía General de la República, al Senado, para que frenen este tipo de ejecuciones arbitrarias o en caso contrario, la impunidad continuará cobrando vidas inocentes”, finalizó.
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