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Gasoductos Los Ramones: Una historia de irregularidades

Contratos con la empresa FERMACA dejaron en condición desventajosa a la empresa del Estado

Están trabajando desde diciembre de 2019

Desde diciembre de 2019 empezó a operar el gasoducto Los Ramones, luego de que la Comisión Federal de electricidad concluyó las renegociaciones de la tarifa para el transporte de gas natural desde Estados Unidos a México, para generar electricidad.

 

La obra estuvo suspendida largo tiempo y aunque se especuló sobre la falta de permisos municipales, la Alcaldía de Villa de Reyes aclaró en su momento que los trabajos del gasoducto tenían completos los permisos desde la anterior administración, y que solo estaban pendientes las negociaciones de la empresa FERMACA con algunos ejidatarios propietarios de las tierras por las que pasaría el gasoducto.

 

Gasoducto Los Ramones, plagado de pagos irregulares

Los contratos que realizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la construcción de su red de gasoductos ofrecen pagar a las firmas si se ven afectadas por sucesos como huelgas o retrasos en permisos.

 

De los 9 gasoductos que se concluyeron durante el 2018, ocho terminaron con “caso fortuito”, que se define como el “acto o evento que imposibilite a la parte afectada cumplir con sus obligaciones de conformidad con los contratos respectivos. Debido a bloqueos, conflictos sociales, por retrasos en las autoridades e incendios de los terrenos donde se tenía planeado construir el ducto, la Comisión Federal de Electricidad tuvo que pagar a las empresas 4 mil 342 millones de pesos relacionados con 19 eventos.

 

Uno de los gasoductos donde se presentaron más irregularidades, es el que inicia en Guaymas, Sonora y pasa por Villa de Reyes en el estado de San Luis Potosí hasta concluir en el sur Texas en Estados Unidos. Tan solo en este gasoducto la Auditoría Superior de la Federación detectó pagos irregulares por 7 mil 947 millones de pesos.

 

La Función Pública responsabilizó al encargado del proyecto

En septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera anunciaron que estaban investigando a exfuncionarios de la Comisión Federal de Electricidad por la  firma de contratos en condiciones desventajosas para la empresa del Estado.

 

En ese momento la CFE señalaba al exdirector de CFE-Energía, y otros dos exfuncionarios de las áreas de Modernización y Gasoductos.

 

La CFE-Energía fue la encargada de planear y desarrollar los procesos de licitación, cuyos contratos, según el gobierno federal, "eran leoninos".

 

 

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