El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que ordenó reponer la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en septiembre del 2014 con ayuda de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Es un mensaje para que todos podamos sumar esfuerzos, sumar voluntades y aclarar lo que realmente sucedió con la desaparición de los jóvenes. Esto es un asunto de gran importancia para nosotros. Le he pedido a la Secretaria de Gobernación que se dedique de tiempo completo a atender este asunto", afirmó el mandatario.
Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador reveló que el jueves pasado, tras reunirse con los padres de las víctimas, envió una carta a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, y a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, para reunirse cada mes para discutir avances del caso.
La primera reunión entre los tres está programada para el 5 de marzo, ya que el fiscal ha respondido de manera positiva y se espera que Zaldívar lo haga en los próximos días.
"Se trata de un asunto de Estado y vamos a trabajar de manera conjunta, la Fiscalía y el Poder Judicial, pero el caso de Ayotzinapa es una prioridad de nuestro Gobierno", manifestó López Obrador.
El fiscal Gertz Manero ya había anunciado este lunes que había aceptado reponer la investigación de Ayotzinapa, sin tocar la anterior.
El presidente también mencionó este lunes que ofrecerán "protección, amnistía y recompensa" a quien proporcione información que ayude a resolver el caso.
"Es un asunto para nosotros de Estado, aclarar lo que sucedió y actuar. Y le estamos pidiendo a quienes participaron en estos hechos que hablen porque hay como un pacto de silencio. No puede ser que no sepamos lo que sucedió si participaron más de 100 personas", expuso.
La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial.
Pero un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el basurero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
El Gobierno de López Obrador reabrió en diciembre de 2018, el caso y estableció la llamada Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Sin embargo, los padres de los familiares decidieron la semana pasada organizar una caravana por 16 escuelas normales en mismo número de estados ante los nulos avances del Gobierno en la investigación.
Familiares y activistas han acusado a los jueces y a los fiscales de defectos en las investigaciones y sentencias que han dejado libres a presuntos responsables del crimen y han entorpercido la búsqueda del paradero de los desaparecidos.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció en enero el desmonte de la oficina especial dentro de esta institución para el caso.
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