El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acciones legales contra los estados de California y Nueva Jersey, además del condado de King, Washington, porque considera que entorpecen las tareas del gobierno de Donald Trump contra inmigrantes.
En el caso de California, la dependencia federal especificó que procederá contra el gobernador del estado, Gavin Newsom, el fiscal general, Xavier Becerra, y el estado por prohibir la operación privada o institucional de instalaciones de detención.
Ello conduce a que personas detenidas en instalaciones privadas en California tengan que ser removidas, con altos costos, lo que potencialmente también deriva en el aislamiento de las personas de sus familiares, acusó el Departamento de Justicia.
En el caso de los inmigrantes detenidos en California, alrededor de 45 mil en 2019, tienen que ser trasladados fuera del estado, lo que incrementa “drásticamente” los gastos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés), acusó la dependencia federal en un comunicado.
Estas disposiciones locales obstaculizan el manejo federal de prisioneros y detenidos, además de minar el cumplimiento de los objetivos del congreso en torno al manejo de la inmigración en Estados Unidos, acusó el Departamento de Justicia.
En el caso de Nueva Jersey, la dependencia también anunció demandas contra el gobernador Philip Murphy, el fiscal general Gurbir Grewal y el estado, en rechazo a la disposición estatal de prohibir a sus oficiales compartir información migratoria con ICE sobre sujetos bajo custodia de la entidad.
La decisión de Nueva Jersey de rehusarse a compartir esa información es ilegal y anticonstitucional, acusó el Departamento de Justicia de la administración Trump.
Sobre el condado de King, en el estado de Washington, la dependencia federal anunció acciones legales contra la negativa del condado de facultar su aeropuerto internacional para deportar a migrantes fuera de Estados Unidos o bien transportar a migrantes detenidos.
Ante la negativa de colaborar con ICE, el servicio migratorio ha tenido que reubicar sus vuelos en Yakima, Washington, lo que ha generado dificultades operativas y costos adicionales, señaló el Departamento de Justicia.
Aducen inmigrantes criminales
William Barr, fiscal general de Estados Unidos, señaló este lunes que los inmigrantes criminales son uno de los principales problemas de seguridad en el país.
“La administración Obama estimó que en 2012 había alrededor de dos millones de inmigrantes criminales en Estados Unidos. Asumiendo que el cálculo sea correcto, los números son mucho más altos ahora, no obstante los esfuerzos consistentes y preocupados de la administración Trump de encontrar y deportar a esta población criminal”, sostuvo Barr.
“Desafortunadamente, en varias jurisdicciones que se autonombran ‘progresistas’, los políticos están arriesgando la seguridad de la gente poniendo los intereses de estos inmigrantes criminales antes que los de los ciudadanos respetuosos de la ley”, añadió el fiscal.
Constantemente, acusó Barr, estas jurisdicciones se califican como “santuarios” y empaquetan sus políticas de obstrucción en una retórica idealista de protección a las comunidades de migrantes.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, hemos tomado acciones concretas para combatir las políticas ilegales y peligrosas de estos autonombrados santuarios. Cuando hablamos de ciudades santuario, hablamos de políticas diseñadas para permitir a los inmigrantes criminales escapar”, advirtió.
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