Medir el aire será obligación

Segam encontrará justificaciones para incumplir

La NOM-172-SEMARNAT que entrará en vigor a partir del 20 de febrero, obligará a las entidades federativas a que rindan cuentas a la ciudadanía sobre la calidad del aire que se está respirando.

Aunque la medida es positiva, las dependencias ambientales, como la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), en el caso de San Luis Potosí, justificarán que no se puede medir la calidad del aire debido a la falta de presupuesto. 

Presupuesto, el principal obstáculo

Esta justificación predeterminada es lo que ocasionará que probablemente la norma quede en letra muerta y que la Segam prefiera pagar por sanciones que por mejorar el sistema de monitoreo de la calidad del aire en la ciudad de San Luis Potosí.

La Segam tiene un gran reto frente a sus ojos, que es buscar recursos para instalar más casetas de monitoreo, las cuales se deben determinar por medio de un estudio previo que revele las fuentes de contaminación y la dirección del aire.

Asimismo tiene que conseguir recursos para poder lanzar la plataforma que brinde a la ciudadanía la información sobre la calidad del aire en tiempo real.

Segam, ante un gran reto para evitar sanciones

Las especificaciones, que estipula la NOM-172 Semarnat, representan una gran inversión para la Segam, sin embargo también hay que ser conscientes de que el Gobierno Federal no se ha tomado en serio el tema de la calidad del aire y por tanto, se han castigado los presupuestos para las dependencias ambientales, entonces la Segam está ante un gran reto para no ser sancionada.

A partir de la información se tendrán que generar políticas públicas

Viridiana Robledo Valero, investigadora del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología (Ipicyt) afirmó que a partir de conocer la información fidedigna sobre lo que se está respirando, se tendría que comenzar con la generación de políticas públicas y planes de acción para proteger a la ciudadanía, de un problema de salud pública.

Viridiana Robledo consideró que esta norma es positiva para darle certeza jurídica a los amparos ya existentes y venideros, sin embargo, se tiene que ser consciente de que una de las principales dificultades que enfrentan las dependencias, es la deficiencia presupuestal.