San Luis Potosí, SLP.- Para la primera semana de febrero, el personal de la Tercera Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), hará un recorrido por las barandillas de los 58 municipios, para contrastar cuáles han sido los avances que los Ayuntamientos han generado en un año, informó Jorge Andrés López Espinosa, ombudsman de San Luis Potosí.
“Este recorrido lo estarán haciendo los visitadores adjuntos, con los mismos parámetros con los que fueron evaluados en el año 2017, eso nos permitirá tener un contraste de cuánto han avanzado en el mejoramiento de estas instalaciones”.
López Espinosa, recalcó que las barandillas serán evaluadas con la misma metodología que se utilizó en el “Informe especial sobre la situación de los derechos humanos en centros de detención municipal”, diagnostico emitido durante el 2017.
Santo Domingo, Armadillo de los Infante y Cerro de San Pedro, volverán a ser evaluados, para ver si en esta ocasión, logran salir del “penoso”cero que obtuvieron en el informe de hace dos años.
“Cerro de San Pedro no tiene barandilla, Armadillo de los Infante cuando fuimos estaba cerrada y Santo Domingo, prácticamente sólo tenía un policía y era todo lo que había, el cero de ellos fue porque no se pudo evaluar nada”.
Santa María del Río, Villa de Arriaga, Alaquines, Villa de Zaragoza, El Naranjo y Ciudad del Maíz, también tendrán que preocuparse por la nueva evaluación de la CEDH, pues las barandillas de estos municipios, obtuvieron calificaciones menores a los dos puntos.
En contraparte, las barandillas de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez fueron las mejores evaluadas, ya que obtuvieron calificaciones de 9.1 y 7.1 respectivamente.
¿Qué se volverá a evaluar?
El espacio físico, las instalaciones tienen que contar con una separación entre varones, mujeres y menores infractores.
Debe de contar con una vigilancia externa, que además de respetar la intimidad de las personas que se encuentran recluidas, les pueda garantizar al mismo tiempo su seguridad para que no existan suicidios o autolesiones.
Por otro lado, se califica la parte jurídica, esto significa que debe de haber un juez calificador y un médico legista durante las 24 horas, que las personas que tengan algún problema médico sean debidamente atendidos y que además se realice el debido proceso, que es la posibilidad de defenderse de la acusación que le hagan al imputado, aunque sea una falta administrativa.
“La gran mayoría de los municipios no lo tiene y justamente por eso ninguno alcanza el 10 de calificación, nosotros hemos venido insistiendo desde hace algunos años, que cualquier persona que sea llevada ante alguna la presencia de alguna autoridad, aunque sea el juez calificador administrativo, tendrá el derecho de ser defendido y representado por algún abogado para que no solamente se escuche la acusación por parte del policía, sino que también se le dé una verdadera oportunidad de defensa y evitar la sanción del arresto hasta por 36 horas”.
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