Caprichos de Margarito Terán mantienen atraso en transporte: Diputada

San Luis Potosí, SLP.- La diputada Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, Alejandra Valdés Martínez, adelantó que habrá cambios en la Ley de Transporte del Estado para que realmente se obligue a las empresas concesionarias del transporte urbano a cumplir con lo que marca la ley, de lo contrario, con las modificaciones que se realizarán, se le podría retirar la concesión a la empresa para que el Estado se haga cargo del servicio de transporte urbano.

"Se tiene que modificar la ley, ya lo estamos haciendo, se está trabajando con las asesores para ver en materia de leyes como podemos modificar para que estos permisionarios, a los que se les da estas concesiones del transporte público, cumplan con lo que marca la ley", dijo Valdés Martínez, quien se refirió al titular de la empresa Urban Pass, Margarito Terán, quien ha frenado la homologación de las tarjetas de prepago, cuando por ley tenía que haber liberado la llave para la portabilidad, pero en vez de eso Terán se amparó para evitar cumplir con la ley.

"No podemos seguir así, yo pienso que ya son caprichos de esta persona porque al final de cuentas si no fuera un negocio no estaría, y si no le estuviera dando un rendimiento no estaría, y yo creo que también la ciudadanía se merece un transporte de calidad, porque quieren subir las tarifas de los camiones exageradamente cuando la gente no tiene un transporte de calidad", apuntó la legisladora.

Valdés Martínez destacó que en el Senado de la República se acaba de aprobar una ley en materia de que el transporte público debe de cumplir con ciertos requisitos, la gente tiene que tener un transporte de calidad, y si no cumplen con esto los permisionarios, el Gobierno tiene que hacerse cargo del transporte de su estado.

Finalmente mencionó que si Margarito Terán no cambia se tiene que empezar a ver como Gobierno del Estado y Congreso pueden exigir a esta persona que cumpla con los requerimientos, y si no la sanción prevista es que se le quite la concesión para que el Gobierno del Estado se haga cargo del transporte público, "es una burla, y no podemos pasar este tipo de cosas porque la ciudadanía requiere un servicio de calidad".