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CNDH detecta ingobernabilidad en penales

Selen Terán | Plano Informativo | 08/11/2019 | 13:27

San Luis Potosí, SLP.- El cambio de administración, de titular de la Secretaría de Seguridad Pública no ha podido cambiar las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad, de acuerdo a las revisiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
 
En 2011, se promediaron los seis penales estatales en 6.84, a ocho años  y con el cambio de al menos cinco titulares de Seguridad Pública, y una riña que marcó un parteaguas para el centro de reinserción social La Pila solo ha logrado subir 0.11 décimas su calificación, al obtener 6.95 de ponderación, la media nacional es de 6.75.
 
El centro estatal de Ciudad Valles es el mejor calificado, con 8.21, el único que para el organismo autónomo tendría calificación aprobatoria, y que coincide también con los protocolos para mejorar las condiciones de las personas.
 
El “más peor”, es el de Tancanhuitz con 6.37; le sigue Matehuala con 6.55 de calificación; La Pila 6.77, superior está Tamazunchale con 6.83 y Rioverde con 6.97.
 
Ingobernabilidad en penales
 
Más allá de las calificaciones, el informe destaca el peligro de ingobernabilidad en La Pila por la falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización).  Insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como la presencia de actividades ilícitas y cobros.
 
A excepción de actividades ilícitas, se tiene la misma alerta en Tamazunchale, Rioverde, Ciudad Valles y Tancanhuitz.
 
En Matehuala la ingobernabilidad también es latente, por reportarse actividades ilícitas.
Estancia digna

Entre otros aspectos que se encontraron en los seis penales están las Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad y las deficiencias en la alimentación. Deficiencias en los servicios de salud.

En Matehuala se le suma que no hay una separación adecuada entre hombres y mujeres, y Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y atención en caso de detección.