Seguramente al interior del Congreso del Estado, el horno no está para bollos, y los escándalos están a la orden del día, tal y como ocurrió, recientemente cuando al controvertido diputado Pedro Carrizales, mejor conocido como el “Mijis”, le pretendieron dar “Pinochetazo”, al buscar destituirlo sus propios compañeros como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la actual legislatura local, simplemente porque es un flojo, faltista, mentiroso, grillo, y hasta filtrador de información.
Con todo ese rosario de calificativos, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, buscaron retirarle la presidencia de dicha Comisión Legislativa, para “imponer” a la diputada huasteca María del Rosario Sánchez Olivares, quien se dijo estar dispuesta a acatar la línea de su bancada priísta.
Todo estaba cocinado para que durante la sesión del pasado miércoles 30 de octubre, todo se consumará a petición del presidente de Jucopo, el diputado panista Rolando Hervert, quien sería secundado por su compañero del PRI, Mauricio Konishi y el Morenista Edson Quintanar, confiados que contaban con el voto ponderado que les sería suficiente para hacer efectiva la destitución del controvertido Mijis.
Sin embargo, no contaban, que existen otros intereses de la mano que mueve la cuna, que seguramente le abrió los ojos al diputado Pedro Carrizales, quien ni tarde ni perezoso, hizo uso de la tribuna para manifestar a sus 26 compañeros que lo que se pretendía hacer a petición de la Jucopo, no era otra cosa, más que un acto de autoritarismo y venganza política, que les costaría muy caro, no sólo desde un punto de vista de costo político, sino de una clara violación al reglamento interno del Poder Legislativo.
Para la sorpresa de quienes pretendían echar fuera de la Comisión de Derechos Humanos al Mijis, salieron a relucir varios de sus compañeros, no a su defensa, sino a evitar que se cometiera un agravio a la Ley, lo que estaría generando una mala imagen a todos los integrantes del Congreso del Estado y a la propia Institución.
Como era de esperarse, salió de nueva cuenta a cobrar facturas, la combativa diputada priísta Bety Benavente, al igual que su compañera perredista Isabel González y el experimentado legislador de Movimiento Ciudadano Eugenio Govea, quienes sin decir agua va, advirtieron del error en que podrían incurrir aquellos tienen consigna al pretender aprobar la destitución del Mijis de la Comisión de Derechos Humanos.
Si bien es cierto que el diputado Pedro Carrizales, se ha caracterizado por sus filtraciones de información, su flojera para sesionar en dicha comisión, por sus escándalos y por hacerse la victima de sus propios actos. También es cierto, que la pretensión de echarlo fuera de la Comisión de Derechos Humanos, no era la forma legal que se pretendía aplicar, para hacer sentir, simplemente, el poder de unos cuantos que han tomado el Congreso del Estado, como una espacio de Poder.
Seguramente estaremos observando varios capítulos en torno a estos conflictos internos en el Congreso del Estado, lo más importante es que se recapacito a tiempo y se decidió dar marcha atrás a la propuesta de destituir al Mijis de la Comisión de Derechos Humanos, aunque ello, no significa que se pueda intentar nuevamente, tomando en cuenta que él propio legislador esta muy cuestionado en su actuación al grado que ha sido factor no sólo de divisionismos entre sus compañeros, sino de rezago en el trabajo legislativo.
Además, no se puede perder de vista que desgraciadamente, al interior del Congreso del Estado, los golpes bajos y el fuego amigo, es el pan de todos los días, que e incluso ha sido un factor determinante para que verdaderamente se cumpla con el trabajo legislativo que esperan los potosinos de esta nueva legislatura que inició con la esperanza de ser muy diferente a sus antecesores que únicamente se caracterizaron por su grado de corrupción.
Es bueno señalar que el Congreso del Estado, aun está a tiempo de recobrar el camino del trabajo, la honestidad, la trasparencia y la rendición de cuentas, porque a decir verdad, tres años son muy poco tiempo para trabajar a favor de los potosinos, pero tres años, también puede ser mucho tiempo, para aquellos que sólo buscan alcanzar una diputación para alimentar sus intereses personales o de grupo.
