LOS HECHOS VIOLENTOS OCURRIDOS el pasado jueves en el salón de Plenos Ponciano Arriaga, del Congreso del Estado, entre las huestes del diputado federal Ricardo Gallardo y el alcalde Xavier Nava, llegó a sus límites por lo que es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto a la mayor brevedad posible, si no quieren que en un futuro inmediato estemos lamentando hechos de sangre y muerte.
NO PRETENDEMOS CAER EN EL catastrofismo, sino en una postura de reflexión para esos políticos que han hecho de los grupos sociales, su principal herramienta de ataque a los adversarios. Es evidente que estos grupos, y sobre todo sus dirigentes, se han convertido en verdaderos mercenarios de la política, utilizando la violencia y el chantaje para alcanzar sus fines.
CLARAMENTE, LAS AUTORIDADES tienen identificadas a las personas que encabezan ambos bandos, por lo tanto no se debe dejar pasar por alto el serio riesgo que representan quienes no contribuyen en lo absoluto a la tranquilidad de los potosinos.
ES INCONGRUENTE QUE ESTOS mercenarios estén tomando como bandera política la aplicación de la justicia, cuando ellos mismos se han visto involucrados en hechos delictivos, no porque hayan formado parte de alguna administración pública, sino por sus conductas a lo largo de los años que incluso ha llevado a la cárcel a más de dos.
VARIOS DE ELLOS TIENEN CUENTAS pendientes con la justicia y no estaría por demás que se diera una revisadita para ponerles un alto a sus desmanes, que a lo largo de los años han venido generando sin importarles que se pueda afectar o poner en riesgo la integridad de personas ajenas a sus movimientos, tal y como ocurrió el pasado jueves en el salón de Plenos con adolecentes de secundaria que estaban presentes para conocer cómo se desarrollarán las sesiones de los diputados y tal fue su sorpresa que tuvieron que ser desalojados de manera inmediata.
HAY VOCES QUE ASEGURAN QUE reciben una módica cantidad (económica) por asistir o participar a sus movilizaciones y un poco más cuando se trata de eventos violentos donde se agreda al adversario. Además es cierto que estos movimientos tienen nombres y apellidos y como tal, es necesario señalarlos para que en su momento de una desgracia, los responsables intelectuales tengan que responder ante la justicia.
En esta ocasión, los 27 integrantes de la Legislatura local actuaron de manera responsable al suspender de manera momentánea la sesión, ante el riesgo que representaban los dos grupos antagónicos que defienden la impunidad. Es claro que existen los causes legales para promover cualquier proceso de tipo administrativo o penal. Sin embargo ellos (los pseudolíderes) lo saben.
NO PODEMOS PERDER DE VISTA que el enérgico posicionamiento que hicieron los diputados a través de su presidente, el priísta Martín Juárez Córdova, para exigir respeto y garantías a la seguridad de quienes laboran y quienes visitan el recinto, “tiene dedicatoria”.
MÁS ALLÁ DE PROTAGONISMOS, en esta ocasión se puso el dedo sobre la llaga al manifestar abiertamente que son tanto el presidente municipal de la capital, Xavier Nava Palacios, como el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, los responsables de estos desencuentros, por ello el llamado para que no utilicen perversamente el escenario legislativo para dirimir sus conflictos.
HACIENDO REFERENCIA AL posicionamiento de los diputados, fue importante señalar que “bajo ningún pretexto o interés mezquino de nadie, se ponga en riesgo la integridad del personal que colabora en el Poder Legislativo local, así como de los asistentes a nuestras sesiones e instalaciones”. Además, el mensaje fue claro y fuerte respecto a que tanto Xavier Nava como Ricardo Gallardo, “en el ámbito de su competencia, han promovido diversas acciones ante instancias jurisdiccionales y legislativas”, y les recomendaron que permitan que hagan su trabajo.
OJALÁ QUE LOS LLAMADOS lleguen a mejor puerto, por el bien de los ciudadanos y de San Luis Potosí, porque es claro que “las instituciones no pueden ser rehenes de grupos antagónicos y mucho menos de mercenarios de nuestra política potosina”.
