San Luis Potosí, SLP.- El terrorismo fiscal que aprobó Morena y sus aliados es el primer paso para una caída más en las inversiones de nuestro país, pues genera desconfianza e incertidumbre para las personas y empresas que se verán limitadas, por las excesivas represalias que tendría el Gobierno a raíz de varias reformas que no son claras, aseguró el diputado federal, Xavier Azuara Zúñiga, quien precisó que lo aprobado en materia de delitos fiscales causa más prejuicios que beneficios para el país, pues perjudica a las personas que buscan trabajar en la formalidad contribuyendo con sus impuestos.
Sobre esto, Azuara Zúñiga dijo que en Acción Nacional coinciden que se debe castigar a quienes actúen de manera ilegal con defraudación fiscal, sin embargo, explicó que lo aprobado va en contra de los derechos de los contribuyentes y no representa mejorar la recaudación de impuestos.
“Hemos señalado que hacer leyes con ocurrencias y sin escuchar otras posturas no beneficia a México, sino que daña a la ciudadanía, hoy vemos que esto sucede de nuevo y se pone en riesgo a las y los mexicanos que invierten para generar desarrollo y empleos”, apuntó.
Dijo que con lo aprobado en San Lázaro se atenta contra los particulares, pues quedan expuestos a técnicas de investigación altamente intrusivas como lo es: la intervención de comunicaciones, considerando la telefonía, mensajería electrónica y correos electrónicos.
Las personas que sean acusadas de, venta, compra o adquisición de facturas falsas estarán en riesgo, así como cualquier persona que pretendan vincular con ellos, es decir, pueden ser llevados a prisión sin mayor investigación y sin el respeto a su presunción de inocencia.
En este sentido, el legislador federal consideró preocupante la persecución y el descrédito desde el Gobierno hacia las organizaciones empresariales que han alzado la voz contra esta medida, ya que es una clara afrenta contra su libertad de expresión.
Finalmente, Xavier Azuara dijo que se estará buscando, junto a la sociedad civil, impulsar las medidas que realmente consideren sancionar a los defraudadores y no lastimen, violando sus garantías individuales, a quienes cumplen con sus contribuciones de manera legal.
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