Para acabar con el lucro en la detención civil y de inmigración, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un proyecto de ley con el que se prohíben las prisiones y los centros para indocumentados de gestión privada.
De acuerdo con información publicada en el portal de El Heraldo de México, La medida estipula que a partir del próximo año no se podrá firmar o renovar contratos con centros privados para encarcelar personas. También pide que tales instalaciones dejen de existir para 2028.
“En mi discurso inaugural, llamé a acabar con las prisiones privadas porque contribuyen al exceso de encarcelamiento, incluidas las que recluyen a reos de California y aquellas que albergan migrantes y solicitantes de asilo”, dijo Newsom.
“Estas prisiones con fines de lucro no reflejan nuestros valores”, añadió, tras firmar la ley, el gobernador que ha tenido varios enfrentamientos con el gobierno de Donald Trump por sus posiciones ante la inmigración.
El legislador Rob Bonta, autor del proyecto, describió la firma como “un momento realmente histórico para California“.
Defensores de derechos humanos también aplaudieron la medida, destacando las condiciones inhumanas que se han descrito en muchos de estos centros privados donde han muerto varios detenidos en años recientes.
Mario, un migrante mexicano de 31 años, dijo que pasó seis meses en uno de estos centros de detención privados y experimentó “de primera mano la injusticia, la falta de atención médica, la falta de comida nutritiva, la falta de todo”.
Actualmente hay unos 115 mil reos en prisiones en California y unos mil 700 de ellos están en instalaciones privadas.
El estado era anteriormente conocido por la sobrepoblación de sus prisiones, pero jueces federales impusieron un tope en 2009, lo que llevó a que se acudiera a los centros privados.
Además, hay cuatro instalaciones para detención de migrantes en California con un estimado de tres mil 700 personas retenidas.
Bryan Cox, secretario de prensa de los servicios migratorios ICE dijo a medios locales que la nueva medida no afectará la aplicación de las leyes de inmigración.
“ICE simplemente tendrá que transferir a las personas a una locación más distante de su lugar de arresto”, explicó.
En mayo pasado, este diario reportó que los centros privados cobran al gobierno en promedio 200 dólares diarios por dar hospedaje y alimento de cada detenido; además, los emplea con un sueldo de entre 49 centavos y un dólar la jornada.
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